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Del antiterrorismo a la pandemia de Covid-19, la excusa de las “circunstancias excepcionales”

Pasaporte sanitario, impasse de libertades

En Francia, la masificación de los medios de expresión digitales fue de la mano de la multiplicación de leyes que restingen la libertad de expresión, como si ésta estuviera reservada a las clases cultivadas. Esta disposición liberticida del legislador se observa en el estado de urgencia sanitario y los dispositivos de lucha contra la pandemia. Se inscribe en una larga tendencia.

¿En qué momento estalló la contradicción entre las medidas tomadas para luchar contra la pandemia de Covid-19 y el respeto de las libertades fundamentales? Con el pasaporte sanitario, nos acercamos tal vez a este punto de no retorno. Queda ya en cada individuo presentar el famoso “código QR” que acredita su status de vacunación o serológico en numerosas actividades de la vida cotidiana: ir al restaurante o al bar, tomar el tren, ver una película, hacer sus compras en grandes centros comerciales, visitar a un conocido en un hospital, ir a un concierto o a una pequeña sala de espectáculos... Entonces, las personas encargadas de controlar los pasaportes sanitarios (desde el dueño del bar hasta el empleado del cine) pueden conocer la identidad, pero también la fecha de nacimiento de todos aquellos que se hacen presentes. Esto puede parecer anodino, pero en realidad constituye un nuevo corte en la tela ya muy rasgada del anonimato. Los dispositivos tecnológicos a los que nos hemos acostumbrado sin prestar atención estos últimos años facilitan esta extensión de la vigilancia. ¿Quién podría afirmar que los datos del pasaporte sanitario no podrían ser objeto de explotación por parte de los servicios de la policía judicial?

Es este sentimiento de una libertad carcomida, incluso amordazada, que une, más allá de sus diferencias, a los cientos de miles de manifestantes, que, desde el 17 de julio de 2021, rechazan la extensión del pasaporte sanitario prevista por la ley del 5 de agosto (1). Su ira proviene de una espectacultar negación del ejecutivo. Este dispositivo se introdujo en la ley casi en secreto, por la vía de una enmienda gubernamental presentada el 3 de mayo de 2021 durante el debate sobre el proyecto de ley “relativo a la gestión de la salida de crisis sanitaria” presentado unos días antes por el primer ministro Jean Castex. El motivo aducido no tiene desperdicio: el uso del pasaporte sanitario “puede inscribirse en un proceso ciudadano de refuerzo de las capacidades y del poder de actuar de los individuos (empowerment) frente a la epidemia” (2). Pero la ley limitaba su uso a las “grandes aglomeraciones de personas” (3) y el gobierno prometió entonces que no “podría extenderse a las actividades cotidianas como hacer las compras, ir al trabajo o incluso, para citar sólo algunos ejemplos, ir a un servicio público” (4). Alcanzaron dos meses para que se desmienta...

La noción de empowerment sugiere que este nuevo artefacto jurídico y tecnológico otorgaría poder a los ciudadanos. El análisis de la respuesta del gobierno a la crisis sanitaria desde marzo de 2020 muestra exactamente lo contrario: se han recortado libertades. De hecho, el Consejo Constitucional reconoció que el pasaporte sanitario, como antes el certificado de circulación excepcional en vigor durante cada confinamiento y toque de queda que vivió el país desde hace dieciocho meses, atacan la libertad de circulación. No obstante, los “sabios” juzgaron estas invasiones justificadas (5), y por lo tanto conformes a la Constitución. Se suman a la larga lista de las medidas llamadas “de excepción” que, desde hace veinte años, extienden los poderes de policía y tejen en torno a las poblaciones una camisa de vigilancia y de control permanentes.

Con la crisis sanitaria, Francia vivió un período inédito, durante el cual la policía podía controlar a las personas sin ningún motivo. No se ha subrayado lo suficiente la radicalidad de esta evolución. En efecto, para verificar la identidad de un individuo, un policía o un gendarme debe normalmente considerar su comportamiento sospechoso, lo que llevaría a pensar que cometió una infracción (6). Si bien las leyes Pasqua de 1993 les permitieron en algunos casos a las fuerzas del orden, con acuerdo del procurador de la República, realizar controles sin motivo, éstos (...)

Artículo completo: 2 072 palabras.

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Raphaël Kempf

Periodista.

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