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Viktor Orbán consolida su poder gracias a las fundaciones

El saqueo de Hungría

Por voluntad del gobierno húngaro, varias fundaciones privadas tomaron el control de la mayoría de las universidades y de un patrimonio público de varios miles de millones de euros. Con esta privatización enorme y sin precedentes, el primer ministro Viktor Orbán vacía el Estado en beneficio de sus allegados, al tiempo que consolida su influencia en las instituciones culturales y universitarias del país.

En 1996, luego de jugosas operaciones financieras, el empresario húngaro András Tombor y su padre Balázs fundaron el colegio Mathias Corvinus. Comprometidos con los valores cristianos y conservadores, tenían la ambición de crear un instituto universitario de excelencia, que favoreciera el debate de ideas y el espíritu crítico. Si bien se redujo a un simple internado los primeros años, el pequeño kollegium creció tanto que hoy ya hay que hacerle lugar. Sobre el Monte Gellért, que domina el Danubio en Budapest, el austero edificio que alberga el Instituto Balassi –equivalente al Institut Français–, debe ser demolido para dejar lugar a sus nuevos locales, de aquí a 2025.

Creada por la familia Tombor para financiar sus proyectos universitarios y culturales, la Fundación Tihanyi se convirtió en una empresa de gestión de activos después de haber adquirido numerosos bienes públicos. El Estado le cedió de forma gratuita un importante patrimonio inmobiliario y acciones en empresas líderes: 10% de la compañía Mol de petróleo y gas y de la reconocida empresa farmacéutica Gedeon Richter. En el transcurso del año 2020, la fundación habría recibido por parte del Estado un total de activos estimado por los medios de comunicación independientes en más de 500.000 millones de forintos (1.400 millones de euros) (1). Esto es más que el presupuesto anual de los veintisiete establecimientos públicos húngaros de educación superior correspondiente al año 2019. Desde entonces, la fundación invierte en el mercado inmobiliario premium: adquirió el puerto deportivo de Révfülöp en el Lago Balaton, el hotel Konferencia, un establecimiento de lujo ubicado en Győr, o incluso el Aranybika, hotel emblemático de Debrecen.

Niegan privatizaciones
Grupo de presión ultraconservador, la Fundación Tihanyi mantiene estrechas relaciones con el gobierno del primer ministro Viktor Orbán. En 2015, fundó un Instituto de Investigación sobre la Inmigración cuyo director general es uno de los secretarios de Estado en la Cancillería del Primer Ministro, encargado de las relaciones con el Parlamento, Balázs Orbán (sin lazo familiar con el primer ministro) (2). Se fortaleció en el área cultural al adquirir 25% del capital de Libri, el actor principal del mercado editorial en Hungría. Al mismo tiempo, el Colegio Corvinus se convirtió en un verdadero instituto de estudios superiores y prevé atraer más de diez mil estudiantes a Hungría, pero también a las delegaciones para las minorías húngaras de los países vecinos (Eslovaquia, Ucrania, Rumania y Serbia). Su director general, Zoltán Szalai, supervisa los programas de los distintos centros de investigación mientras dirige el periódico semanal conservador Mandiner.

La Fundación Tihanyi hizo de pez piloto para una transformación profunda del país. En marzo del 2019, el gobierno estableció un nuevo estatuto jurídico, hasta entonces inexistente en Hungría: el de “fundación fiduciaria”, declarada “de interés general encargada de servicio público”. El pasado mes de abril, treinta y dos de estas fundaciones vieron la luz, con una subvención pública inicial de 1,7 millones de euros cada una, para gestionar activos hasta entonces en manos del Estado. Terminan así siendo propietarias, sin la más mínima contrapartida financiera, de bienes públicos importantes: un castillo barroco del siglo XVIII, un palacio en pleno corazón de Budapest, un teatro, la mitad de una isla en el Danubio y cantidad de otros bienes inmobiliarios en todo el país. Los medios de comunicación independientes estiman que estos “regalos” representan varios miles de millones de euros (3). El gobierno niega toda privatización. Argumenta que esos bienes no pueden ser transferidos a individuos privados y que no pueden ser utilizados más que al servicio del “interés general”, agregando que el Estado conserva un “derecho de precompra”.

La ley presenta estas nuevas estructuras jurídicas como “independientes del gobierno”; una formulación que oculta un bloqueo total por parte del poder actual. Sólo una (...)

Artículo completo: 2 236 palabras.

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Corentin Léotard y Thomas Laffitte

Jefe de redacción del Courrier d’Europe Centrale y periodista (Budapest), respectivamente.

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