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La Convención Constitucional tendrá que replantear la verdadera misión de las universidades

El sentido de la educación universitaria en la nueva Constitución

Hace tres años entró en vigor la Ley 21.091 que regula la Educación Superior. Esta nueva legislación recogió algunas demandas históricas del movimiento estudiantil que se expresaron en las enormes movilizaciones de 2011 y 2012, instalando el rechazo al lucro y abriendo la posibilidad política a la gratuidad.

En el contexto del proceso constituyente es oportuno hacer un balance crítico para analizar la evolución más reciente de la Educación Superior y sus proyecciones. El debate sobre la nueva Constitución se debe convertir en una ocasión propicia para consolidar lo avanzado en la última década, pero a la vez, para corregir y profundizar en aspectos no solucionados y que a mediano y largo plazo pueden convertirse en nudos críticos que amenacen la viabilidad misma del sistema.

El DFL N°2 de 1981 significó una verdadera refundación del sistema universitario, reconfigurando de forma autoritaria absolutamente toda la educación superior chilena. En los siguientes cuarenta años no existieron políticas públicas que verdaderamente limitaran o al menos relativizaran el avance del mercado en este campo. El país transitó en los años ochenta desde un sistema gratuito, con hegemonía de lo público-estatal, a un sistema de financiamiento universitario fundamentalmente privado. Y aunque con la ley 21.091 se avanzó hacia un sistema mixto, se hizo con transferencias públicas de subsidio a la demanda, lo que conservó la hegemonía del mercado.

En un principio, entre 1981 y 1988, el sistema se expandió de forma muy lenta y sólo se fundaron siete nuevas universidades privadas. La limitación a esta expansión era fundamentalmente política, dada la exigencia legal de contar con autorización del Ministerio del Interior para iniciar una nueva universidad. En el 88 se levantó esa norma, con lo cual se produjo una explosión de la oferta durante los dos últimos años de la década del 80 y los primeros años de la década del 90, incrementándose significativamente del número de instituciones privadas y simultáneamente, disminuyendo las barreras de entrada por rendimiento en la Prueba de Aptitud Académica.

Para los partidarios de la educación de mercado, lo que ocurrió en estas décadas es un importante incremento de cobertura educacional, lo que se podría interpretar como una des-elitización de las universidades. En efecto, las cifras muestran que en 1981 la cobertura bruta del sistema era tan sólo de un 7,43%, mientras que en 2019 superó el 51%. Pero a la vez, esa ampliación de cobertura fue producto de la creación de un nuevo mercado, y no de una verdadera y deliberada estrategia de facilitación del acceso a estudiantes, en perspectiva de derechos. Eso explica la evidente desigualdad que caracteriza al actual sistema y su avanzada concentración y segmentación.

La ley 21.091 puso fin a un vacío de la Ley General de Universidades de 1981 que, aunque prohibía el lucro en la educación superior universitaria, en los hechos sólo se limitaba a evitar el retiro de utilidades por vía formal y legal. Durante décadas se generaron mecanismos indirectos por lo cuales sostenedores de un número importante de universidades consolidaron un patrimonio propio mediante diversas operaciones, como la figura de las inmobiliarias, que construía vía endeudamiento y con el aval de las mismas instituciones, una infraestructura educativa que después se entregaba en arriendo a la misma institución, manteniendo su (...)

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Álvaro Ramis

Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

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