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De Rusia a Colombia, una supuesta demanda social de severidad

La época de los justicieros autoproclamados

Milicias que vigilan las fronteras, bandas organizadas que van en pos de comportamientos “inmorales”, solitarios deshacedores de entuertos que sustituyen unas fuerzas policiales “sobrecargadas” o “demasiado débiles”: por todo el mundo, algunos se están tomando la justicia por su mano, en nombre de una interpretación propia, a menudo reaccionaria, de la ley. Una práctica que las redes sociales retransmiten y amplifican.

“¡Comienza la redada!”. En esta noche de viernes de julio de 2021, Mijaíl Lazutin da la señal. Atraviesa la puerta del parque de Kalinin, donde se mezclan un centenar de juerguistas con pintas rebeldes, tan ruidosos como bebidos. Acompañado de cinco compañeros imponentes y de dos cámaras, el líder de Lev Protiv (León Contra), un moscovita de 25 años, ha sido llamado al rescate por una vecina, exasperada por la repetida contaminación acústica que, según ella, impide dormir a sus hijos.

En el lugar, los jóvenes noctámbulos reunidos reconocen al famoso youtuber y al equipo de aguafiestas, que interpretan su habitual numerito, ya perfectamente engrasado desde hace siete años: algunos lo saludan sarcásticamente, hay quienes aprietan los puños y otros optan por marcharse. Asumiendo una vez más el papel de deshacedor de entuertos en un parque en el que el consumo de alcohol y tabaco está en principio prohibido, Lazutin obliga a cualquier infractor a dejar de beber en el acto so pena de sanciones. Si el recordatorio de la ley no surte efecto, llama a la policía.

Íntegramente filmados, bajo la iluminación de un potente foco, los contactos previos a la llegada de las autoridades se convierten pronto en altercados, sobre todo con los que más alcohol llevan en el cuerpo: con su buena dosis de improperios y refriegas, la redada culmina esa noche con el descubrimiento fortuito del cadáver de un joven consumidor de drogas en los aseos del parque. Cuando un hombre agresivo y armado con un cuchillo sale huyendo, Lazutin y su pandilla corren tras él, seguidos por un agente que sigue la carrera a duras penas. Sin aliento y con las manos vacías, vuelven al parque y reprenden duramente a los policías que permanecieron en el lugar de los hechos, apuntando la cámara en su dirección: “¿No les da vergüenza dejar que su colega corra solo a la zaga de un peligroso delincuente?”. Tras amenazarlos con presentar una denuncia –“¡Ya veremos qué opinan sus jefes cuando vean estas imágenes!”–, les sueltan el sermón: “¡Deberías cumplir con tu deber, igual que nosotros, ciudadanos, cumplimos con el nuestro!”.

Ejemplo de los nuevos cauces que toma el mantenimiento del orden en la Rusia de Vladímir Putin, Lazutin y Lev Protiv son también una muestra más de los autoproclamados justicieros que, en todos los continentes, sustituyen a la policía para combatir las incivilidades, la delincuencia o aquellos comportamientos que consideran inmorales (1). Estos vengadores improvisados justifican sus actividades por la indiferencia, el laxismo, el amateurismo y hasta el cinismo de los cuerpos de seguridad. Eligiendo sus presas entre las categorías más vulnerables de la población, dicen actuar en nombre “del colectivo” para defender a víctimas inocentes, a menudo identificadas con mujeres y niños. Ya sea en forma de patrulla policial, de linchamiento o de ejecución sumaria, la justicia que imparten es tan espectacular como controvertida. Está escenificada, con el fin de atraer al público, en un entronque claro con las ceremonias punitivas de antaño.

El caso ruso es singular en más de un sentido. Activo desde 2014, Lev Protiv se presenta como un “proyecto social” destinado a promover un estilo de vida saludable entre los jóvenes. Lazutin ha hecho suyo el vocabulario del “management de la sociedad civil”, basado en la realización de “proyectos” concretos, aparentemente despolitizados y llevados a cabo por voluntarios deseosos de afirmar su utilidad social. Responde así a los mandatos gubernamentales que intentan configurar este campo de actividad desde arriba, cooptando las asociaciones consideradas constructivas y eliminando las organizaciones no gubernamentales (ONG) demasiado críticas. Y de eso se vale Lev Protiv para añadir a su razón de ser la “monitorización ciudadana” de las fuerzas del orden que intervienen a su demanda. Conocedores de la ley al dedillo, los jóvenes justicieros recriminan a los agentes que, claramente, temen la publicidad y mantienen un perfil bajo.

Justiciero y empresario
Pero edificar a la sociedad rusa no es lo único que mueve a Lazutin, que también demuestra ser un inspiradísimo empresario. Tres días después del rodaje, el vídeo del raid de julio de 2021 aparece –en formato serie– en las redes sociales, especialmente el canal de YouTube de Lev Protiv, que cuenta con casi dos millones de suscriptores.

Cada vídeo comienza con un disclaimer (aviso legal de no responsabilidad) en el que se afirma que su objetivo es concienciar, no hacer apología de la violencia; acto seguido aparece un anuncio de una marca de ropa que asegura a los seguidores de Lazutin un descuento en el precio de los productos. Esta publicidad, sumada a las que YouTube coloca en los vídeos más populares de Lev Protiv, proporciona al empresario-justiciero unos sustanciales ingresos. El youtuber no tiene problema en reconocerlo: sin romper del todo con la retórica del “proyecto social”, también considera los raids como un “trabajo” del que pretende sacar fruto. Es innegablemente popular, como indican el número de visualizaciones de sus vídeos (cientos de millones desde la creación de su canal) y las muestras de afecto y reconocimiento que recibe sobre el terreno, con su artillería de selfies y apretones de manos varoniles.

Lev Protiv es un reflejo del frenesí justiciero que se apoderó de las ciudades rusas en la década de 2010. Cuando no ponen su empeño, como Lazutin, en la defensa contundente de la salud pública, los vengadores autoproclamados se dedican a misiones de tipo policía del vicio o patrullas de carretera. Grupos de jóvenes participan así activamente en la lucha contra los inmigrantes ilegales, los narcotraficantes, los pedófilos, pero también contra los conductores maleducados, los comerciantes sin escrúpulos que venden productos caducados y los agentes de tráfico corruptos. Cada uno elige un nicho de actividad en el que busca imponer su marca.

El crecimiento de este fenómeno es inseparable del auge de las redes sociales en el país desde finales de la década de 2000. Una batida solo se justifica si está filmada, con miras a ser editada y posteriormente difundida. Puesto al servicio de una estrategia –más o menos acertada– de comunicación y acceso a la notoriedad, el acto justiciero atrae tanto a youtubers en busca de contenidos sensacionalistas como a los activistas políticos más sulfurosos de la derecha del espectro político. Así, un diputado ultraortodoxo del partido presidencial Rusia Unida participó, bajo la mirada de las cámaras, en expediciones punitivas de “cazadores de pedófilos” y, en 2010, un activista de las juventudes pro-Putin fundó el grupo StopKham (Stop a los Garrulos), conocido en todo el mundo, que para, filma y castiga a los automovilistas que infringen las normas de tráfico en la ciudad (2).

Un recurso de la extrema derecha
Dentro de la oposición leal al Gobierno, muchos diputados del Partido Liberal-Demócrata de Rusia (LDPR por sus siglas rusas, de extrema derecha), dirigido por Vladímir Zhirinovski, que capta parte del voto de protesta, gustan de aparecer con los jóvenes justicieros populares en sus ciudades; participan en redadas contra farmacias que venden fármacos sin receta o irrumpen con ellos en los patios de los edificios donde se reúnen los consumidores de alcohol. La extrema derecha encuentra así una forma de limpiar su imagen demostrando su utilidad social. En 2012, el neonazi Maxim Martsinkevich, alias Tesak (la Picadora), famoso por su violencia xenófoba, se involucró en la caza de pedófilos. Producía vídeos en los que ejercía violencia contra sus presas, poniéndolos a la vista de los numerosos espectadores atentos a sus calaveradas justicieras. A mediados de la década pasada, el proyecto –denominado Occupy Pedophilia– tuvo seguidores en círculos neonazis de provincias, que también comenzaron a tender trampas a presuntos delincuentes en las redes sociales y a filmar luego su captura y humillación. Otro notorio neonazi, Viacheslav Datsik, alias el Tarzán Pelirrojo, también conocido por sus títulos de campeón de artes marciales mixtas (mixed martial arts, MMA), fue noticia en 2016 tras lanzar una expedición nocturna punitiva contra un club de alterne de San Petersburgo y luego obligar a las trabajadoras sexuales y a sus clientes a desfilar desnudos hasta la comisaría.

La diversidad de perfiles de los aspirantes a justicieros explica que las autoridades modulen su actitud hacia estos grupos. Una vez con la zanahoria y otra con el palo, apoyan decididamente a unos y reprimen con más o menos celo a otros. Al igual que sus amigos de StopKham, Lazutin ha recibido durante dos años consecutivos (2014-2015) fondos del Gobierno por un importe de unos 170.000 euros para financiar las “operaciones” de Lev Protiv. El vínculo institucional no siempre es tan explícito: otros grupos reciben apoyo extraoficial, como el Comando Juvenil Antidroga, que entre 2010 y 2013 multiplicó las expediciones punitivas contra el menudeo de droga en Moscú. También aficionados a filmar sus acciones, su sello distintivo era el uso radical de la coacción física, degradando bienes de forma espectacular y atando y golpeando a personas sin que la policía se entrometiera. Los justicieros combatidos por las autoridades son activistas neonazis –como Tesak, que fue condenado en 2014 y murió en prisión en 2020– o blogueros que tienen en la diana a altos cargos políticos o administrativos. Hasta la fecha, Lazutin ha conseguido humillar públicamente a policías rasos sin mayores problemas. Pero cuando otro vengador, Erik Kituashvili, apodado Davidytch, conocido por pillar mediante triquiñuelas a policías de tráfico corruptos y filmarlos, se metió en un vídeo de 2015 con una dirección central del Ministerio de Interior, de la que sospechaba que organizaba un vasto tráfico de (...)

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Gilles Favarel-Garrigues y Laurent Gayer

Coautores de Fiers de punir. Le monde des justiciers hors-la-loi, Seuil, París, 2021 y coautor de Fiers de punir. Le monde des justiciers hors-la-loi, Seuil, París, 2021.

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