Manto de plomo sobre Bahréin

Las promesas de democratización en Bahréin no han sido cumplidas por la monarquía autoritaria que gobierna este pequeño archipiélago del Golfo. La represión contra cualquier forma de oposición incluso se ha agravado desde 2011. Esta situación política enquistada y marcada por importantes dificultades económicas plantea la cuestión de la legitimidad del poder dinástico vigente.

Desde 2017, los aficionados al ciclismo siguen las actuaciones del equipo profesional Bahrain Victorious (antes Bahrain-Merida, posteriormente Bahrain-McLaren). Muy destacados durante el último Tour de Francia, sus corredores, en su mayoría europeos, contribuyen a proyectar la imagen de modernidad que reivindica este archipiélago del Golfo. Este soft power a través del deporte pretende ocultar otra realidad. En esta monarquía de mayoría chií, la familia gobernante suní ha aplastado progresivamente cualquier atisbo de participación en la vida política por parte de sus súbditos. Se alinea así con sus dos vecinos, los protectores y dominantes saudíes y emiratíes, quienes, cada uno a su manera, propugnan un absolutismo monárquico perpetuo.

La imagen que ofrece Bahréin es, pues, menos inspiradora que los resultados deportivos de los equipos que patrocina. Juicios farsa, criminalización de la libertad de expresión y de las actividades políticas hasta hace poco toleradas, privación de la nacionalidad y de los derechos civiles a los opositores, caza abierta de las voces disidentes en las redes sociales y persecución sistemática de los defensores de los derechos humanos, intrusiones en los hogares de los ciudadanos, ciberpiratería, licitaciones internacionales para millones de proyectiles, gases lacrimóngenos y granadas incapacitantes, práctica intensiva de la tortura en el edificio 15 de la inmensa prisión de Jau, exposición deliberada de miles de detenidos a la Covid-19, penas de muerte dictadas sobre la base de confesiones forzadas, impunidad general para los torturadores. El régimen bahreiní no consigue mantener las apariencias en Occidente e incluso ha provocado una inusual unanimidad en el Parlamento Europeo, que adoptó una resolución de condena sobre la situación de los derechos humanos en el reino, en una votación con 633 votos a favor, 11 en contra y 45 abstenciones (1).

Sin embargo, hace casi un siglo, la potencia colonial británica implantó en Bahréin el primer germen de democracia en el Golfo: siete años después de la creación de su consejo municipal, Manama, la capital, recibió en 1926 el privilegio de designar a la mitad de sus concejales mediante una votación abierta a los ciudadanos con propiedades, organizada por colegios étnico-religiosos. También fue en Bahréin donde, en 1933, se iniciaron las primeras exportaciones de petróleo desde las costas del Golfo, y donde, seis años más tarde, estalló la primera huelga obrera de la región, (en la Bahrain Petroleum Company, BAPCO). Esta movilización marcó el nacimiento de una tradición de luchas sociales, sindicales y políticas que se ha prolongado más allá de la independencia concedida por Londres en 1971.

El 14 de febrero de 2001, después de tres décadas de rechazo popular al creciente autoritarismo, un nuevo emir, Hamad Bin Isa al Jalifa, se comprometió a liberalizar la vida política. Ese día, una clamorosa mayoría de los bahreiníes –el 98,4% de los 198.000 votantes– aprobó una Carta Nacional, fruto de una áspera negociación, que contenía promesas de participación política, de respeto a los derechos humanos y de separación de poderes. Sin embargo, al cabo de un año, de un día para otro, el emir se autoproclamó repentinamente “rey” e impuso una nueva Constitución que consolidaba el absolutismo en lugar de regularlo. Este texto, que nunca ha sido sometido a ratificación popular y que, todavía hoy, está prohibido debatir, fue entonces calificado de inconstitucional por la oposición, que lo consideraba contrario a las disposiciones de la Constitución fundacional adoptada en 1973 (2).

En defensa de los derechos
Tras un periodo de ocho años marcado por el deterioro de los derechos políticos y humanos, los resultados de las elecciones generales convocadas en noviembre de 2010 fueron una conmoción. La Entente Nacional Islámica (Al Wifaq), de carácter chií, obtuvo el 64% de los votos, pero solo recibió 18 escaños de los 40 elegidos. Este desequilibrio se explica por una división política concebida para reducir el número de escaños que puede obtener la oposición; por ejemplo, las circunscripciones de mayoría chií fueron delimitadas de forma que estuvieran hasta seis veces más pobladas que las consideradas leales. Y para que quede claro que la voluntad de la Asamblea electa no puede prevalecer sobre la voluntad real, la Constitución de 2002 añadió a la Asamblea una denominada “cámara alta” de 40 seudoparlamentarios adicionales, todos nombrados por el rey, el cual es, en última instancia, quien decreta, legisla, constitucionaliza y firma (3).

Las autoridades también maniobraron para privar a la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Waad) de toda representación. Este movimiento secular, temido por la monarquía, ofrecía a la juventud la alternativa de una formación política progresista, con líderes suníes y chiíes que, superando las divisiones religiosas, daban prioridad a la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales. El clan de los Al Jalifa denuncia constantemente el veneno de estas divisiones, al tiempo que las exacerba para convertirlas en objeto de temor para los suníes, en herramienta de represión contra los chiíes y de discordia para ambas comunidades.

El desafío expresado en las urnas se confirmó vívidamente en febrero y marzo de 2011, cuando un movimiento que exigía la democratización del régimen siguió los pasos de las revueltas populares árabes al congregar, en la plaza de la Perla de Manama, a “100.000 manifestantes (...) en el corazón de una nación de tan solo 500.000 ciudadanos”, como señaló entonces The New York Times (22 de febrero de 2011). La represión que sobrevino fue de una violencia inaudita: disparos de munición real sobre manifestantes desarmados, miles de detenciones y torturas y la irrupción en el país, a través del puente que lo une con Arabia Saudí, de dos columnas expedicionarias de blindados saudíes y emiratíes que aún hoy están presentes el país. Convertido en emblema de la protesta, el monumento de hormigón que representa una perla, situado en el corazón de la plaza, fue destruido por las autoridades en nombre de la “mejora de la infraestructura” viaria.

Las “sociedades políticas” de la oposición también son objeto de represión. El 17 de marzo de 2011, el régimen detuvo a Ibrahim Sharif, secretario general del Waad, que fue torturado, puesto en libertad durante tres semanas y encarcelado nuevamente hasta julio de 2016. Entre las otras doce personalidades encarceladas a raíz de este suceso están los líderes de dos movimientos chiíes no autorizados, Abdelwahab Hussein, de Al Wafa, y Hassan Mushaima, de Al Haq, este último todavía en prisión a pesar del crítico deterioro de su salud. También figuran los defensores de los derechos humanos Abdelhadi al Jawaya y Abdelyalil al Singace. El primero, activista histórico, tiene también la ciudadanía danesa, y las ONG denuncian regularmente las torturas y persecuciones que sufre desde hace dos décadas. A finales de octubre seguía encarcelado, con gotero, después de más de cien días de huelga de hambre en protesta por sus condiciones en prisión y por la confiscación de un manuscrito personal. Estas personalidades están acusadas de “financiar y participar en actos de terrorismo destinados a derribar al Gobierno” y de “espionaje al servicio de un país extranjero” (léase Irán). Sin embargo, incluso la Comisión Internacional de Investigación (BICI), nombrada por el rey, descartó ya en diciembre de 2011 la acusación de injerencia directa de Teherán.

Por último, Nabeel Rayab, secretario general adjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e incansable activista, también ha sido procesado. Acusado en septiembre de 2010 por la prensa gubernamental de apoyar el terrorismo, fue condenado en 2018 a cinco años de prisión por sus críticas a la intervención militar en Yemen por parte de Arabia Saudí y de sus aliados, entre ellos Bahréin, y por denunciar la tortura. Su encarcelamiento desencadenó una campaña internacional de denuncia y la ciudad de París lo nombró ciudadano de honor en junio de 2019. Desde junio de 2020, Rayab se encuentra en libertad condicional con la exigencia de que cese todas sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Represión en la universidad
La represión se ha extendido al ámbito universitario –con la expulsión de cientos de estudiantes– y al profesional, donde las autoridades han privado de su empleo a miles de profesores, médicos, funcionarios e incluso a asalariados del sector privado con el pretexto de haber “denigrado al país” o mostrado “deslealtad” respecto al régimen por su participación en manifestaciones o al expresarse en las redes sociales. A los encarcelados, cuyo número oscila entre 2.000 y 4.000 según la virulencia de la ola represiva, se les ha negado frecuentemente la asistencia sanitaria, mientras que 985 ciudadanos han sido privados de su nacionalidad desde 2011 (4); entre ellos está el jeque Issa Qassem, líder espiritual de los chiíes bahreiníes, una personalidad que el propio régimen había alabado por su moderación. Ante la desconfianza de una gran parte de los chiíes, el régimen lleva varias décadas maniobrando para invertir el equilibrio confesional del país mediante la (...)