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Aumentos de precios ¿un fenómeno coyuntural?

Detrás de la “amenaza” de la inflación

El aumento de la inflación en Estados Unidos y Europa durante 2021 encendió las alarmas. Aunque los economistas ortodoxos se preocupan, un análisis más fino de las condiciones históricas previas y el impacto de la pandemia permite comprender el alza como un fenómeno coyuntural.

Hace unos años hizo su aparición en el debate público una palabra desconocida para la mayor parte de la gente: “deflación”, un fenómeno que parecía espantar a los economistas de un lado y otro del Atlántico. Caracterizada por una baja simultánea de los precios y los salarios junto a una caída de la inversión y la actividad tras la crisis de 2007-2008, la recién llegada deflación amenazaba con sumir a la Unión Europea y Estados Unidos en una espiral preocupante. Había que hacer todo lo posible para detenerla, incluso lo que la Reserva Federal estadounidense (FED) y, sobre todo, el Banco Central Europeo (BCE) –un templo del rigor presupuestario– siempre habían procurado evitar: verter océanos de liquidez sobre la economía mundial con la esperanza de hacer subir los precios. Ahora, sin embargo, nos enfrentamos a la preocupación contraria: una súbita alza de precios que podría desestabilizar a la economía mundial.

En los últimos meses de 2021, en efecto, la prensa dedicó sus titulares a la preocupación que suscitaba el retorno de una inflación considerada demasiado vigorosa. En la mayoría de los países del mundo los índices de precios experimentaron aumentos históricos: en Estados Unidos la inflación anual alcanzó 7% en 2021, un nivel que no se superaba desde 1982. En la eurozona fue de 5%, batiendo récords de treinta años en Alemania y España. ¿Cómo explicar un cambio semejante? ¿Ha conseguido el mundo evitar el Caribdis de la deflación solamente para caer en el Escila de la inflación?

La inflación se mide mediante un indicador económico que supuestamente refleja la evolución global de los precios en una moneda, dentro un territorio y por un período de tiempo determinados (normalmente los últimos doce meses). En la práctica, los institutos nacionales de estadística la estiman mediante un índice de precios al consumidor. Este indicador da cuenta de la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios de consumo cotidiano (700 para el indicador utilizado por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat): pan, indumentaria, electrodomésticos, peluquería, etc. El objetivo es dar cuenta de la evolución de los precios, así como del poder adquisitivo de la moneda.

Impuesto a los pobres
El impacto de estas pérdidas de poder adquisitivo no es uniforme en toda la sociedad ni en todos los países. La inflación, por ejemplo, puede beneficiar a los Estados deudores, al reducir el peso de la deuda pública. Cuando los salarios siguen el aumento de los precios –por medio de negociaciones salariales o de un ajuste automático de ingresos–, también se benefician las personas endeudadas a tasas bajas. En Francia, en los años 70, diferentes formas de ajuste salarial han contribuido a proteger a los trabajadores de los efectos de la inflación. Pero cuando el aumentos de los salarios o jubilaciones no compensa la caída del poder adquisitivo y aumentan los precios de la energía, el transporte y los alimentos, la inflación se convierte en aquello que François Mitterrand, el presidente francés responsable del desajuste de los salarios en 1982, llamó un “impuesto a los pobres” (1). Se trata, entonces, de un fenómeno de redistribución de geometría variable, cuyos efectos se distribuyen en función de los acuerdos institucionales y de las relaciones sociales de poder. Una constante, sin embargo, es que los acreedores y los rentistas la detestan, ya que erosiona el valor de sus ahorros.

Durante las décadas de 1970 y 1980, la inflación fue una de las principales preocupaciones económicas en Estados Unidos. El país se enfrentó a una rápida suba de precios –de dos dígitos en 1974 y de nuevo de 1979 a 1981– en un contexto de estancamiento y desempleo. Los economistas neoliberales, que venían preparando sus armas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aprovecharon esta crisis llamada de “estanflación” (estancamiento e inflación) para imponer sus teorías. Hasta entonces, la política económica, de inspiración keynesiana, había tenido como objetivo fundamental garantizar el nivel de actividad económica, aunque ello supusiera generar un cierto nivel de inflación. Encabezada por Milton Friedman, la nueva corriente hizo de la lucha contra la inflación una prioridad, incluso cuando esto signifique hundir la economía en una recesión.

Un acontecimiento fundacional marcó el advenimiento de esta nueva doctrina: el drástico aumento del tipo de interés básico de la FED aplicado por su presidente, Paul Volcker, en 1979. El objetivo era poner un freno a la inflación contrayendo la economía estadounidense. En los años posteriores al shock, el índice medio anual de precios al consumidor se desplomó: de 13,6% a 3,2% entre 1980 y 1983. Aunque la desinflación fue también producto de condiciones favorables, como la caída del precio del petróleo, para los neoliberales el caso estaba cerrado: el remedio monetarista había demostrado su eficacia a pesar de la avalancha de quiebras, del aumento del desempleo y de la grave recesión…

Una preocupación similar acompañó la construcción europea y motivó las normas adoptadas en el Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992: la prohibición de la monetización de los déficits públicos y la independencia del Banco Central Europeo. Se trataba de desterrar ex ante las políticas consideradas inflacionarias e imponer normas explícitas a la gestión monetaria, como el objetivo de una tasa baja baja de inflación. Garantizar la “estabilidad de los precios” es, de hecho, la principal tarea del BCE. Una constitucionalización de la acción pública que se ajusta plenamente a los principios del ordoliberalismo.

Esta nueva doctrina de política monetaria abogaba por vigilar la inflación como si se tratara de leche en el fuego. En la práctica, esto se tradujo en una política restrictiva que apunta a elevar la tasa de interés para reducir el crédito y la actividad cuando la economía se encuentra en una situación de sobrecarga, es decir, con una tasa de desempleo inferior al nivel que los monetaristas denominan “natural” (Friedman hablaba de “tasa de desempleo no inflacionaria”). Se trata, nada más y nada menos, del sometimiento de las políticas monetarias y fiscales a las preferencias de rentistas y acreedores.

El impacto de la pandemia
Sin embargo, como señalamos, la crisis financiera global de 2008 cambió la escena. Además del riesgo de un colapso financiero generalizado, el estallido hizo resurgir un peligro que ya había golpeado a Estados Unidos tras la crisis de 1929: una espiral deflacionista que frene la actividad, un fenómeno que Japón había experimentado durante la “década perdida” de los 90. En aquel país, ante una deflación devastadora para la economía tras una gran crisis, el Banco de Japón no solamente recortó la tasa de interés básica casi a cero, sino que también movilizó otras políticas “no convencionales”, como la compra directa de títulos financieros. Luego de la crisis de 2008, el BCE y la FED comenzaron a revolver en la misma caja de herramientas. Consiguieron mantener a flote el sistema financiero, pero sin poder sacar las economías europeas y estadounidense de la lowflation, una mezcla de baja inflación y lento crecimiento.

La crisis de la pandemia desafía aún más la doxa monetarista. Salvar la economía tras el confinamiento de una gran parte de la población mundial requiere un gasto considerable y políticas flexibles por parte de las autoridades monetarias. En Estados Unidos, los paquetes de estímulo adoptados por Donald Trump y Joseph Biden, combinados con una política de préstamos y compras sin precedentes por parte de la FED, alcanzan varios miles de millones de dólares (2). Por su parte, el BCE puso en marcha un programa de compra de (…)

Artículo completo: 4 107 palabras.

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Frédéric Lemaire

Miembro de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras y Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) y del Centro de Economía de la Universidad de París-Norte (CEPN).

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