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Un derecho y una responsabilidad del Estado

Educación para la vida digna en la nueva Constitución

La educación no es simplemente una labor de instrucción o entrega de contenidos académicos. Es una actividad formativa, amplia y compleja que incluye las dimensiones sociales, valóricas, emocionales y que trasciende a los beneficios individuales de quienes participan en ella. Es el vehículo inicial en el aprendizaje de la convivencia social y la adopción de valores colectivos y de ella dependen, en buena medida, la reproducción de la vida, la producción y circulación de la cultura y el progreso en áreas del conocimiento que nos permiten resolver múltiples problemas sociales y ecosistémicos.

Contrario a lo que se cree, las Constituciones chilenas de 1833 y de 1925 establecieron un tipo de libertad de enseñanza en el contexto de la responsabilidad preferente “del gobierno” o “del Estado”, privilegiando el interés público. La fórmula contemplada en la Constitución chilena vigente es totalmente contraria a la historia constitucional de nuestro país, ya que consagra la educación como un bien de consumo individual, como un producto de un mercado en el que oferentes y demandantes concurren “libremente” a buscar su beneficio personal; vale decir, aquello que atañe al interés general se traspasó al ámbito de la vida privada.

Si la educación es - como hemos señalado - una actividad fundamental, el proceso constituyente debe restituirla como una responsabilidad pública y otorgarle el estatus de un derecho humano universal garantizado por el Estado, lo que implica necesariamente asegurar condiciones materiales para su desarrollo. Una infraestructura inclusiva y en diálogo con su entorno y, por supuesto, con agua suficiente debe ser un mínimo. No podemos obviar el contexto de escasez hídrica: más de 27.100 estudiantes rurales no cuentan con agua potable en sus escuelas.

Sin duda, personas naturales o entidades privadas puedan estar interesadas en colaborar en esta tarea. Sin embargo, no les corresponde ser los titulares de la garantía de tan determinante derecho. Efectivamente, la garantía de universalidad (...)

Artículo completo: 760 palabras.

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Manuela Royo L. y Miguel Caro R.

Manuela Royo es Convencional Constituyente Distrito N°23, integrante de Modatima. Miguel Caro, Profesor, Académico Asociado UMCE.

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