Chile en tiempo de “pacto tributario”

En los primeros días del gobierno de Gabriel Boric uno de los temas económicos relevantes lo constituyó la propuesta de alcanzar un “pacto tributario” que posibilite el proceso de concreción de la reforma tributaria, que de acuerdo al programa de gobierno se propone generar ingresos por cinco puntos del PIB en los cuatro años de duración del período presidencial. De dicho total, señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “ya se aumentaron los impuestos en la discusión de la Pensión Garantizada Universal, que es del orden de 0,66% del PIB” (18/03/22), dado que se efectuó con financiamiento que estaba contemplado en el programa de gobierno.

La iniciativa de ley que se presente debe hacerse buscando generar los respaldos en el Congreso donde la presencia de las fuerzas que lo apoyan directamente no es suficiente para su aprobación. El gobierno ha hablado, por ello, de la necesidad de un “pacto tributario”, que surgiría de un “diálogo social -manifestó Marcel- en los territorios, pero también con expertos, empresarios y trabajadores, el cual esperamos se concrete principalmente en el mes de abril”.

Sin embargo, en relación al royalty minero, que debería aportar al financiamiento buscado, Marcel, equivocadamente ya se pronunció, valorándolo como “un avance positivo” lo acordado en el Senado, con asesorías de las mineras, al modificar radicalmente el texto aprobado en la Cámara de Diputados que establecía un royalty real, rebajándolo fuertemente y considerarlo “un buen marco para una propuesta más definitiva sobre la materia”.

¿Con quién de ser así se suscribiría el pacto tributario? “Cómo sucedió con la ‘Ley Longueira’ -denunció Gabriel Palma, el destacado economista chileno de la Universidad de Cambridge- grandes conglomerados están otra vez influyendo y hasta redactando la legislación que les afecta en lo relacionado al proyecto de royalty minero (...). De aprobarse este proyecto de ley como lo despachó la Comisión de Minería de la Cámara Alta vamos en el camino de un deja vu de la ‘Ley Longueira’, de igual forma como dicha ley terminó regalando cuotas pesqueras (y a perpetuidad) a unas pocas familias que controlaban el sector, ahora grandes minas del cobre y litio también van a poder evitar tener que pagar muchos miles de millones de dólares respecto de lo que deberían haber pagado como royalty con el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados ( con el voto del entonces diputado Boric)” (19/03/22)

Marcel dijo que efectuó una comparación con la reforma tributaria del año 2014, durante el gobierno de Michelle Bachelet, buscando alcanzar según señaló un “pacto tributario” que pueda perdurar en el tiempo para evitar la frecuencia con que se han promulgado reformas. “Esto con la idea de que con la base de eso poder construir un proyecto de reforma tributaria que de todas maneras vamos a enviar al Congreso dentro del primer semestre” (15/03/22). Sin duda alguna en un lapso de esta duración no es viable alcanzar ningún “pacto tributario” trascendente.

Reformas dialogadas
En cuanto al tipo de gravamen a aplicar, Marcel efectuó una comparación con los países miembros de la OCDE, concluyendo que en los impuestos indirectos y a las empresas se constatan cifras similares, pero “donde tenemos una brecha grande es en el impuesto a las personas. Es -recalcó- la cuarta parte del promedio que tienen los países de la (...)