Venezuela, quebrada por las sanciones

Preocupado por asegurarse el suministro petrolero en el marco de la guerra en Ucrania, a principios de marzo, el gobierno estadounidense envió una delegación a Caracas, cuyas autoridades Washington se negaba a reconocer. Tras el caos provocado en el país por sus sanciones, Estados Unidos considera tal vez que Venezuela ha cambiado lo suficiente para serle nuevamente útil...

“Es un poco como en Star Wars, cuando Darth Vader estrangula a alguien. Eso es lo que estamos haciendo con el régimen económicamente”. Las declaraciones de John Bolton en la cadena Univision el 22 de marzo de 2019, cuando era consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pretendían esclarecer la estrategia estadounidense ante Venezuela. Inauguradas en julio de 2017, las sanciones de Estados Unidos transformaron la crisis local, ya profunda, en aquello que el ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, describió el 12 de octubre de 2018 como una “tragedia”. Antes de añadir, con serenidad: “Si podemos hacer algo para acelerarla, debemos hacerlo, sabiendo que repercutirá en millones de personas que ya están teniendo dificultades para acceder a alimentos y medicamentos [...]. Nuestro objetivo justifica este severo castigo” (1).

Mediante sus esfuerzos por derrocar al presidente Nicolás Maduro, Washington habrá demostrado que es posible destruir un país sin armas. Cuando se dispone del privilegio exorbitante de imponer sanciones a otras naciones, se vuelve posible arruinar su economía, destruir su aparato estatal, quebrar su sociedad. Y luego, de repente, cambiar brutalmente de parecer. Como las tensiones en el mercado energético ligadas a la invasión rusa de Ucrania condujeron al presidente estadounidense a retomar el diálogo con un líder político que su país ni siquiera reconocía hasta entonces, el levantamiento de las sanciones estadounidenses podría preverse.

Caracas ya estaba de rodillas cuando Washington decidió intensificar su ofensiva contra Venezuela. A partir del verano de 2014, el precio del petróleo –que representa el 95% del valor de las exportaciones venezolanas– cayó de 100 a 50 dólares el barril en seis meses y luego a 30 dólares en enero de 2016. Tres años más tarde, cuando Juan Guaidó se autoproclama “presidente encargado” (sin la más mínima justificación legal), la Casa Blanca, seguida por Canadá y la Unión Europea, decreta una batería de sanciones inusualmente severas: un embargo contra la compañía petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) y todas sus filiales; incautación de activos venezolanos en el exterior (como los de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, de un valor de 7.000 millones de dólares); procedimientos contra todas las empresas extranjeras que operan con estas empresas venezolanas; etc.

Estas medidas impiden el acceso de Venezuela a casi todos los mercados financieros internacionales, obstaculizando considerablemente su capacidad de efectuar transacciones. Así, en junio de 2021, algunos de los pagos para la compra de vacunas contra el Covid quedan bloqueados, lo que impide que se beneficie del sistema Acceso Global para Vacunas (COVAX), diseñado para el acceso de los países pobres a las vacunas. Desde 2014, Venezuela perdió el 99% de sus ingresos en divisas. En semejante contexto, la economía se contrajo en un 80% entre 2013 y 2020 (una situación peor que la que atravesó Libia tras el estallido de la guerra civil).

En respuesta, el presidente Maduro presentó el 29 de septiembre de 2020 ante la Asamblea Nacional una ley “antibloqueo” para “flexibilizar la inversión en la actividad económica venezolana”. El objetivo, explica William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, es permitir el retorno del capital privado a la economía del país. Para ello, “la ley permite la clasificación confidencial, durante un determinado número de años, de la información relativa a los contratos firmados por particulares con inversores privados. Fueron los propios empresarios quienes nos pidieron esta forma de protección, ya que Estados Unidos sanciona las empresas que hacen negocios con Venezuela; ese fue el caso de Rosneft [compañía petrolera rusa], por ejemplo”.

Fuerte caída de precios
Prefiriendo permanecer en el anonimato, un especialista en finanzas internacionales que trabaja con fondos de inversión que desean participar en la industria petrolera venezolana explica que “la confidencialidad también es ventajosa para el Estado, porque también puede hacer acuerdos con inversores privados que no están autorizados por la Constitución, que es imposible cambiar en el contexto político actual y que prohíbe que una empresa privada nacional o extranjera tenga una participación mayoritaria en una empresa mixta”. Ahora, desesperado, el Estado quiere poder liberarse de estas “trabas”, ayer presentadas como una de los principales avances de la Revolución Bolivariana en materia de soberanía. “Solo será por la duración limitada del contrato en cuestión”, alega Castillo. “Es una modificación táctica puntual para una situación económica específica. Se trata simplemente de transferir al sector privado activos que el Estado no está utilizando bien, o empresas que, de lo contrario, no son eficientes”. Pero una vez burlada la ley, ¿será realmente posible volver hacia atrás? Nuestro interlocutor evade la pregunta.

Esta es la singularidad del contraataque venezolano: la discreción que rodea el proceso de privatización “impuesto por las sanciones”. “Gracias a la ley antibloqueo, se han logrado progresos espectaculares en términos de inversión y alianzas en diferentes áreas de la economía –declara Maduro en una aparición televisiva el 12 de diciembre de 2020–. Pero no puedo decir mucho. Eso es lo que tiene la ley antibloqueo: hacer sin decir.” De este modo, gracias a un entorno legal que el presidente califica de “menos hostil”, se está produciendo un “desarrollo de la agroindustria” (2), señala Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, la principal organización patronal del país.

En el caso del sector petrolero, la ley antibloqueo tiene sus límites. “Este sector requiere inversiones enormes –explica Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería (2005-2006) tras haber sido director de PDVSA (2004)–. Al ignorar el marco legal que limita las inversiones privadas en las empresas estatales, esta ley exacerba paradójicamente la inseguridad jurídica y la debilidad institucional de Venezuela, reforzando la idea de que la ley se aplica de manera arbitraria y discrecional. Una multinacional extranjera no se arriesgará a invertir grandes capitales en semejante contexto”. Para Álvarez, solamente un levantamiento de las sanciones puede reactivar el sector petrolero del país, que cuenta con las mayores reservas de oro negro en el mundo.

La caída del precio del petróleo, seguida de las sanciones estadounidenses, ha provocado un colapso brutal de la producción de PDVSA, que pasó de casi tres millones de barriles diarios en 2014 a menos de un millón y medio en 2018 y luego a 350.000 en 2020, es decir, una octava parte en apenas seis años. Es un golpe duro para un país cuyos ingresos petroleros representan casi la totalidad de sus ingresos en divisas extranjeras, con los que solía pagar la importación masiva de sus bienes de consumo (incluidos muchos productos alimenticios).

Esta caída de la producción de petróleo se explica, en primer lugar, “por un problema de demanda –subraya Francisco Rodríguez, economista venezolano e investigador asociado del Council on Foreign Relations (CFR)–. En un momento dado, el país tuvo que suspender la explotación de varios pozos porque ya no podía vender el petróleo y sus depósitos de almacenamiento estaban llenos. Por miedo a las sanciones, ya nadie quería comprar el petróleo de Venezuela. Así que el país tuvo que venderlo a precios inferiores a los del mercado, principalmente a sus aliados, China y Rusia, con quienes está endeudado”.

Alianza entre sancionados
Sin embargo, el comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos no se ha detenido. La compañía petrolera estadounidense Chevron obtuvo una derogación especial de las autoridades estadounidenses para seguir operando en el país e incluso mantener asociaciones directas con PDVSA. La empresa -la que “mejor produce” en la Faja petrolífera del Orinoco, según Luis Romero, técnico de PDVSA desde hace veinte años- vende el petróleo que extrae a PDVSA, que se ocupa de comercializarlo. Sin embargo, esto ya no puede hacerse en Estados Unidos, que en 2017 todavía era el principal comprador (41%) del petróleo venezolano.

Si bien la caída de la producción petrolera venezolana se debe principalmente a la disminución de la demanda de este petróleo, también es resultado de la dificultad del país para adquirir los insumos necesarios para su explotación: “Aquí, en la Faja del Orinoco, se extrae petróleo pesado, que debe mezclarse con petróleo más ligero para ser exportable. Los insumos utilizados para esta mezcla son los diluyentes, que se importaban de Estados Unidos. Pero con las sanciones, eso se acabó”, señala Romero. Sin estos diluyentes, tampoco hay gasolina refinada, lo cual explica la recurrente escasez de nafta y gasoil en el país –los (...)