“Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información”, dice una de las normas aprobadas por la Convención Constitucional. Esta es parte de un conjunto de artículos que no solo consagra la libertad de expresión para la ciudadanía, sino también el derecho a recibir información plural y de calidad.
Se trata de un salto cualitativo en derechos a la comunicación que ahora tendrá rango constitucional, entre ellos la prohibición de la censura previa, un accionar recurrente durante los 17 años de dictadura cívico-militar que además legó un sistema de medios concentrado en su propiedad y de limitaciones a la circulación de información, ideas y discursos. A pocas horas del golpe de Estado de 1973 la entonces Junta Militar emitió el “Bando 15” (1) que prohibió la circulación de más de treinta publicaciones escritas, el cierre de decenas de radios nacionales y locales, así como la intervención militar en los canales de televisión. El mismo decreto dictatorial permitió la circulación -con trámite de censura previa- a solo dos medios: El Mercurio y La Tercera, que habían sido opositores al gobierno popular de Salvador Allende, que publicaron por años solo información oficial y fueron cómplices de campañas de mentiras, encubrimiento de crímenes y de ocultamiento de la corrupción del régimen. “El Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa”, indica el Segundo artículo aprobado en el pleno de la Convención Constitucional bajo el título provisorio de “Sistemas de Conocimiento”, que contó con la votación mayoritaria -sobre los dos tercios- de los convencionales.
El pluralismo de medios y la diversidad de información son deudas que se arrastran no solo desde los tiempos del general Augusto Pinochet, es necesario sumarles los 30 años de la transición pactada. Durante los primeros años de la democracia recuperada fueron cerrados casi todos los medios que habían apoyado las luchas democráticas (dos diarios La Época y Fortin Mapocho y numerosas revistas como Análisis, APSI, Cauce, Hoy y Página Abierta, entre otras) de hecho, en la década de los 90 había menos medios que durante los últimos años de régimen militar, el pluralismo se redujo al mismo tiempo que se uniformizaba la información. Recién se abrió una brecha de diversidad con la aparición de medios digitales y la perseverancia de un puñado de órganos de prensa independientes.
“El Estado impedirá la concentración de la propiedad de (…)
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