Del buen uso del enemigo

La noción de “democracia liberal”, a pesar de ser banal, adolece de cierta imprecisión. Por supuesto, comprendemos bien que se opone a lo que antaño llamábamos “democracia popular”, que no tiene buena prensa, y que se erige contra el “iliberalismo”, ¿y qué más? Ciertamente, está espontáneamente asociada al liberalismo económico, ¿y qué más? Recibió no obstante de Emmanuel Macron, quien insistió recientemente en recordar ante sus pares el apego que tiene por ella, una definición bien recibida: la democracia liberal sería “aquella que, en profundidad, en todos sus componentes, preserva las libertades individuales y cívicas de nuestros conciudadanos” (1). La frase omite toda dimensión económica, pero se entiende que el derecho a la competencia libre y no distorsionada concierne a la libertad individual —en todos sus componentes—. Lo que sigue, si bien es también vibrante, es no obstante un poco perturbador: “¿Cómo mantener nuestros equilibrios entre libertad y responsabilidad?”.

Al informe le falta evidencia, pero cuando felicitó a los franceses (31 de diciembre de 2021), Macron había comenzado a aclararlo, al afirmar, a partir del ejemplo de la vacunación: “Ser un ciudadano libre siempre es ser un ciudadano responsable para uno mismo y para el otro. Los deberes prevalecen sobre los derechos”. La democracia liberal entonces solo podría “preservar las libertades individuales y cívicas” si los ciudadanos comparten la definición de la “responsabilidad” que propone el Estado. Ello le permitirá concluir cierto tiempo después: “Un irresponsable no es más un ciudadano” (2). Macron no termina de precisar este deber inherente al derecho de la ciudadanía. Previo a la segunda vuelta de la elección presidencial, hizo el balance de su concepción global de la política, tal como él desearía que fuera, en una larga entrevista (France Culture, 18 de abril de 2022). Durante una declaración marcada por la insistencia sobre las tensiones y contradicciones que agitan a la sociedad y corren el riesgo de fracturarla, explicó lo que, según él, atañe a la irresponsabilidad. Así, al comentar las manifestaciones de los “chalecos amarillos”, condenó sin ambages toda “clase de violencia liberada, incluso en el debate público”. Contrariamente a lo que podríamos espontáneamente creer, lejos de referirse a la represión policial, su condena versa sobre los manifestantes. Porque “la cuestión es cómo se llega a crear adhesión, respeto, consideración entre ciudadanos que pueden pensar muy diferente”. La “violencia liberada” es un factor de discordia. Entonces hay que “reconsiderar nuestra democracia con respecto a esta relación con la radicalidad, lo que llamo esa voluntad de pureza. Porque, al final, todos vivimos juntos. (...) Ello supone compromisos”. Por supuesto, “todos vivimos juntos”; no obstante, el compromiso parece un poco asimétrico, porque únicamente es el ciudadano quien debe hacerlo: o bien se “desradicaliza”, cualquiera sea la radicalidad de que se trate, o bien, obstinado en su rechazo del compromiso, es potencialmente un portador de violencia; dicho de otro modo, un “irresponsable”. Para que la democracia protectora pueda continuar asegurando las libertades, es importante excluir de la comunidad al irresponsable cuya radicalidad la pone en peligro, ¿pero cómo combinar concretamente esta exclusión y el Estado de derecho? “En el post Covid, (...) queremos ir en pos de la redefinición de nuestro contrato social, con deberes que prevalezcan sobre los derechos, desde el respeto de la autoridad hasta las prestaciones sociales” (3), repite el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, ampliando las enérgicas palabras del presidente. La cuestión de saber cómo lograr efectivamente que los deberes prevalezcan sobre los derechos persiste. El autor del Contrato social original, por así decirlo, Jean-Jacques Rousseau, daba otrora una respuesta simple y directa: “El más fuerte no es nunca lo suficientemente fuerte como para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber”. ¿Pero es esto efectivamente “liberal”?

El espejismo mayor
El jurista alemán Carl Schmitt (1888-1985) permite medir los desafíos y la lógica de esta contradicción. Tiene una reputación desastrosa, a la altura de sus compromisos: después de haber tenido un rol importante bajo la República de Weimar, ingresó al partido nazi, publicó en 1934 un artículo titulado “El Fuhrer protege el derecho”, que se propone justificar jurídicamente la eliminación de los jefes de las Secciones de Asalto (SA) durante la “Noche de los Cuchillos Largos”, y pidió en 1936, durante un coloquio de juristas, que la ley alemana fuera despejada de todo rastro de “mentalidad judía”... Ahora bien, este célebre constitucionalista, católico (...)