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Hacia una nueva política de seguridad

Chile necesita una reforma estructural a sus policías

Las policías cumplen un rol fundamental en un Estado democrático de Derecho. Tienen un rol clave en la prevención de delitos y, por tanto, en evitar afectaciones a la integridad personal y otros derechos de las personas en el ámbito de la seguridad.

Las políticas de seguridad y el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado han sido objeto de amplia preocupación por parte de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, debido a la necesidad de conciliar su uso legítimo con el derecho a la vida de las personas, reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que “los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción”. En tal sentido, la Corte IDH ha señalado: “La Corte ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores”.

En Chile, en las últimas décadas se han realizado múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos que han involucrado a personal de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Esas denuncias se han realizado respecto a hechos ocurridos en diversos contextos, destacando especialmente las protestas sociales y las reivindicaciones realizadas en el marco del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.

En este tiempo han existido iniciativas encaminadas a prevenir actos que no sean coherentes con nuestra normativa constitucional, legal y con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Por ejemplo, han sido valorables las leyes que tipificaron la tortura y la que creó el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

El estallido social que se inició en octubre de 2019 implicó una intensa labor policial de mantenimiento del orden público que, sin duda, no era fácil de enfrentar. A juicio de Amnistía Internacional durante ese periodo se produjeron en Chile violaciones de derechos humanos graves y generalizadas. Estuvimos frente a cientos de violaciones de derechos humanos, entre ellas, homicidios, torturas, actos de violencia sexual y más de 400 personas con trauma ocular. Sin embargo, a dos años y medio de esta crisis, en la gran mayoría de los casos no ha habido justicia. Las investigaciones no han cumplido con los estándares (...)

Artículo completo: 1 484 palabras.

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Rodrigo Bustos

Director ejecutivo Amnistía Internacional Chile.

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