En México, un Presidente en el país de los patrones

Choclo con chipilín, porotos negros y plátanos machos fritos… es decir, una receta típica de su Tabasco natal: este es el menú que había reservado, el 21 de noviembre de 2021, el primer presidente de izquierda de la historia reciente de México para sus invitados, miembros del “Consejo Asesor Empresarial”. En efecto, unos días antes de su investidura, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había creado esta estructura con el fin de rodearse de los buenos consejos de los empresarios más importantes del país, bajo el liderazgo de su futuro jefe de gabinete, Alfonso Romo, un agroindustrial proveniente de la elite económica de Monterrey (quien renunció en diciembre de 2020).

“Es una manera de influenciar las decisiones” y de “participar en la política, pero sin ocupar un puesto de representante electo”, nos explica un importante empresario que asistió a las reuniones. Pudieron probar los choclos, los porotos negros y los plátanos machos: Carlos Slim (1), el hombre más rico de México con quien el presidente dice haber establecido lazos de “amistad” (2) cuando era alcalde de la Ciudad de México entre 2000 y 2005; Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca (3), quien le debe 2.600 millones de pesos mexicanos (123 millones de euros) al fisco y cuyo nombre figura en la lista de los Pandora Papers; o incluso Bernardo Gómez, vicepresidente de la cadena Televisa, quien participó en la orquestación de un fraude electoral contra “AMLO” durante su candidatura para la elección presidencial de 2006 (4).

¿Una compañía extraña para un hombre cuyo eslogan de campaña fue “Los pobres primero”? Exhibir así el apoyo de aquellos que AMLO ayer acusaba de “saquear” al país y de formar parte de la “mafia en el poder”, ¿no equivale acaso a traicionar a las clases populares que lo llevaron al poder? “Nos engañó”, zanja el universitario mexicano Julio Boltvinik, especialista en estudios sobre la pobreza y ex miembro del partido del Presidente, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Cuando AMLO es electo, en 2018, una parte de la izquierda sueña con romper con el viejo orden: efectivamente, ¿acaso el candidato no había prometido llevar a cabo la “cuarta transformación” de México, que daría vuelta la página del neoliberalismo, elevando la constitución de su gobierno a la misma altura en importancia, que la independencia del país en 1810, la reforma de Benito Juárez que instauró la laicidad y la revolución de Pancho Villa de 1910? Sin embargo, en México, incluso en menor medida que en otras partes, ganar las elecciones no basta para acceder al poder. Roído por la corrupción, el narcotráfico y las injerencias del aparato de seguridad de Estados Unidos (5), incapaz de asegurar el control de una parte de su territorio y ampliamente dependiente de la economía de su vecino del Norte, al país a veces parece costarle cumplir con los criterios mínimos requeridos para ser un Estado soberano. Ha habido situaciones más propicias a la gran revolución. La estrategia de AMLO parece entonces haber sido la de negociar. La de un presidente que gobierna “para los pobres”, pero, en definitiva, “con los empresarios”. El historiador Lorenzo Meyer no ve aquí una contradicción: “Andrés Manuel es un pragmático: no quiere una confrontación directa con el poder económico. Su proyecto tal vez sea modesto, pero es realista: no se trata de cambiar de sistema sino de disminuir su brutalidad”.

Calmar a los mercados
El acercamiento entre López Obrador y el empresariado se volvió posible por una moderación del programa presidencial. Mientras que en 2006 algunos empresarios aseguraban que AMLO representaba “un peligro para México” (6) y lo comparaban con el ex presidente venezolano Hugo Chávez, AMLO poco a poco suavizó su programa. En el transcurso de su segunda candidatura a las elecciones presidenciales en 2012, proponía “cambiar el modelo económico que produce pocos ricos muy ricos y muchas personas cada vez más pobres”. En 2017, “este tipo de declaraciones brillan por su ausencia”, analiza el politólogo Hernán Gómez Bruera, que subraya que la palabra “neoliberalismo” desapareció de las 410 páginas del programa.

Una vez electo, AMLO continúa con sus esfuerzos destinados a calmar a los mercados: “No actuaremos de manera arbitraria, no habrá confiscaciones o expropiaciones” (7), declara en el transcurso de un discurso en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, el 1º de julio de 2018. También promete ratificar el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (TLCAN 2.0, resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), llevar una disciplina fiscal estricta, respetar la autonomía del Banco Central y se prohíbe a sí mismo aumentar los impuestos.

En lugar de aumentar los impuestos sobre las fortunas o endeudarse, López Obrador financia la “cuarta transformación” con la lucha contra la corrupción, una calamidad que cuesta cada año entre el 5% y el 10% del Producto Interno Bruto Interno (PIB) mexicano, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (8). “No habrá aumentos de impuestos porque no es necesario, por suerte –asegura–. Basta […] con frenar la corrupción [y aplicar] la austeridad republicana: esa es la fórmula y el presupuesto es suficiente” (9). Desde su investidura, López Obrador les pone un techo a los salarios de los funcionarios públicos, pone a dieta a las instituciones públicas y se deshace de los gastos suntuarios de la presidencia: subasta el avión presidencial –el Presidente viaja en clase económica en vuelos comerciales– y transforma la lujosa residencia presidencial de Los Pinos en museo.

Así, a la mitad de su mandato, López Obrador ahorró 188.000 millones de pesos mexicanos (8.900 millones de euros) que reinvirtió en numerosos programas sociales, así como en tres importantes proyectos de infraestructura: la refinería de petróleo Dos Bocas, el Tren Turístico Maya y el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec que unirá el Golfo de México con el Océano Pacífico. López Obrador toma la controvertida elección de confiarle la gestión del mismo al ejército, convencido que aquellos a los que llama “el pueblo en uniforme” son menos corruptibles.

“La austeridad republicana” de López Obrador fascina a los medios empresariales. Slim califica la orientación económica del gobierno como “justa” (10). Un empresario importante nos cuenta que también “aplaude” los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno para erradicar la corrupción. “¡El presidente es más neoliberal y tacaño que yo!”, ironiza desde su enorme oficina en la Ciudad de México. A las grandes fortunas les va bastante bien: entre 2019 y 2021, a pesar de una caída del 8,5% del PIB durante la pandemia, la riqueza de los 13 multimillonarios del país aumentó el 11%, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) (11).

Clientelismo de regreso
El prudente enfoque de AMLO desespera a más de uno: el 9 de abril de 2019, Carlos Urzúa, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, deja sus funciones a raíz de divergencias con “personas influyentes en el seno del gobierno actual, en evidente conflicto de intereses”. Un mes después, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, renuncia, reprochándole al Presidente “excesivos” recortes presupuestarios (12). En septiembre de 2020, la filtración de una grabación a la prensa incomoda al gobierno: se escucha al secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, acusar a Romo, el ex jefe de gabinete de AMLO y ex propietario de una empresa de granos transgénicos, de dedicarse a “bloquear la agroecología” (13).

Algunos militantes de Morena temen que la agrupación siga el mismo recorrido que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), nacido para transformar la sociedad antes de convertirse en uno de los pilares del autoritarismo y del (...)