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Un regreso al poder judicial de los años soviéticos

En Rusia, oprimir más pero encerrar menos

Desde hace veinte años, la población penitenciaria en Rusia se ha reducido a más de la mitad, una señal de que la cobertura mediática de las detenciones de carácter político, que se han multiplicado por diez desde 2015, solo refleja parcialmente la evolución de la justicia penal en este país. Sin embargo, aunque la duración de las penas haya disminuido, el sistema sigue programado para castigar, sin tener en cuenta los derechos de la defensa.

Boris Nemtsov murió aquí. En el gélido pavimento, algunas rosas y ramas de pino bordean el rostro del disidente político, figura perseguida del movimiento anticorrupción y antibelicista desde la anexión de Crimea. Detenido tres veces y encarcelado, fue asesinado misteriosamente a tiros en este puente en febrero de 2015, a unas decenas de metros de las fortificaciones del Kremlin. “Hoy ya no hace falta ser un activista conocido para estar preocupado”, dice Sergueï Davidis, que nos lleva a la calle Tverskaya, los “Campos Elíseos rusos”. Jefe del programa de apoyo a los presos políticos de la organización no gubernamental (ONG) Memorial, este hombre de aspecto kazajo de unos cincuenta años ha desarrollado el hábito de un hombre acorralado: mira incesante y furtivamente a su alrededor.

Más de 15.000 personas han sido ya detenidas por protestar contra la invasión rusa de Ucrania, según la ONG OVD-Info. La explosión de detenciones arbitrarias no es nueva. Renata Mustafina, doctoranda especializada en juicios políticos en la Rusia contemporánea, explica: “En primer lugar, los movimientos de 2011-2012 contra el regreso de Vladimir Putin reunieron muchos más participantes que antes. Aunque la policía se mostró inicialmente cauta, la manifestación de la Plaza Bolotnaya del 6 de mayo de 2021 marcó un punto de inflexión. La mayoría de los ciudadanos detenidos siguen siendo condenados por los llamados delitos “administrativos” –pasan unas horas en la comisaría y logran salir con una multa–. Los más militantes son enviados a prisión unos días o incluso algunas semanas. Pero desde entonces, las grandes manifestaciones opositoras también acaban con una veintena de juicios penales, la mayoría de los cuales acaban con una condena de prisión”.

Memorial sigue actualmente a 420 presos políticos, pero la organización calcula que probablemente sean el triple. “Los disidentes políticos o los intelectuales caen por fraude como Alexeï Navalny, o por pedofilia, como Yuri Dmitriev, el historiador especialista en la represión estalinista. ¡Y sobre todo por tráfico! Todo esto es obviamente falso…”, continúa Davidis. Y lo que es más sorprendente, la lista de Memorial no incluye solamente fervientes activistas, ni mucho menos: “La gran mayoría son personas comunes que nunca han sostenido una pancarta. Encontramos, por ejemplo, cada vez más ucranianos que nunca vinieron a una concentración. Se los acusa de espionaje, terrorismo y extremismo. Es solamente para establecer el hecho de que Ucrania es un Estado hostil”.

Menos libertad de expresión
Según William E. Pomeranz, especialista en derecho ruso en el centro de estudios Wilson Center, en Washington, la “justicia selectiva”, que tiene como objetivo a activistas influyentes, se ha entremezclado, durante veinte años, con una represión que ahora se dirige a toda la sociedad. Así lo demuestran las leyes que amordazan las libertades civiles. Para el investigador, además del caso Bolotnaya, la invasión de Crimea en 2014 marcó el comienzo de una secuencia muy autoritaria en la Rusia contemporánea. En unos años, se han sumado: una nueva ley sobre la blasfemia, el aumento de las multas por concentraciones no autorizadas, la penalización de la difamación de funcionarios del gobierno o la “falta de respeto” a las fuerzas del orden, la ampliación de la definición de alta traición (“cualquier forma de apoyo” prestado a un Estado u organización que “amenace la seguridad de Rusia”) y, sobre todo, la ley sobre agentes extranjeros, que limita fuertemente las acciones de todas las ONG que reciben dinero de terceros países.

El regreso de los grandes movimientos sociales en 2020, con el arresto del gobernador Sergei Furgal en Jabárovsk o las protestas en países limítrofes, como Bielorrusia o Kirguizistán, provocaron una nueva vuelta de tuerca. A partir de julio de 2020, la reforma constitucional limita la práctica de los piquetes solitarios, la última posibilidad existente de protestar sin autorización previa. Los simples particulares –por ejemplo, camarógrafos pagados por una plataforma extranjera como YouTube– pueden ahora ser designados como “agentes del extranjero” y por lo tanto perseguidos si no se registran previamente. Por otro lado, la invasión de Ucrania está acabando definitivamente con una libertad de expresión ya mermada. En pocos días, la Duma aprobó una ley que castiga con hasta quince años de cárcel a los autores de “informaciones falsas” sobre el ejército ruso. Otra ley penaliza la mera petición pública de sanciones contra Rusia.

Disminuyen los delitos
Según Memorial, el número de presos políticos ya se ha multiplicado por diez desde 2015. Sin embargo, el frenesí punitivo contra la sociedad civil no refleja la evolución del sistema penal en su conjunto. Aunque la estimación más alta del número de presos políticos es de 1.300 (y es probable que siga aumentando), solo representa una pequeña fracción de los 466.000 presos actuales. Una estadística, en particular, plantea interrogantes: con una población generalmente estable, la población penitenciaria se ha reducido en un 54% en 20 años. Tanto es así que Kathryn Hendley, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin, habla de “sistema jurídico dual” donde el tratamiento de los casos políticos no informa del funcionamiento de la justicia común.

De camino a San Petersburgo, hacia la discreta Universidad Europea y el sociólogo Kirill Titaev, se pueden ver algunos pescadores que perforan la superficie helada del Neva. Con una barba poblada y el pelo desordenado, este investigador supervisa un nuevo estudio sobre la disminución de la criminalidad en Rusia. Dirige el reconocido Institute for the Rule of Law, un observatorio de la evolución del derecho ruso. “Los casos políticos acaparan la atención mediática, pero no son muchos –relativiza en seguida–. Debe haber unos veinte jueces especializados en este tipo de casos en Moscú, no más”. Pero ¿cómo explicar semejante despoblación penitenciaria? “En primer lugar, la población envejece. La proporción de jóvenes, que son más proclives al crimen, disminuye, como en muchos países europeos. El resultado es que todos los delitos –salvo el tráfico de drogas– han disminuido en los últimos veinte años”. Según las estadísticas oficiales, el número de personas juzgadas por los tribunales disminuyó en un 36,6% entre 2008 y 2019. Kirill Titaev sugiere también otro motivo, más sorprendente: “Los tribunales se han vuelto menos represivos en la práctica y compensan un poco un código penal que permanece severo”. Sistema punitivo Con una tasa de encarcelamiento de 356 presos cada 100.000 habitantes, tres veces y medio superior a la de Francia (pero inferior al récord estadounidense de 419 presos por el mismo número de habitantes) y una pena media de prisión cuatro veces superior a la de otros países europeos, el sistema penal ruso sigue siendo muy punitivo. Sin embargo, en los últimos años, el poder legislativo ha permitido la flexibilización de la ejecución de las penas. Una ley, introducida en 2016, permite a los jueces eximir de responsabilidad penal a los acusados por primera vez por delitos castigados con hasta cinco años de prisión a cambio de una multa y una indemnización por daños y perjuicios. Esta disposición se aplica en particular a los delitos económicos y financieros. “En la ley, el fraude fiscal agravado puede costar doce años de prisión… En los hechos, menos del 20% de los condenados por este delito van a la cárcel”, ilustra Titaev. Según Alexander Korobeev y Roman Dremliuga, investigadores de la Universidad Federal del Lejano Oriente, esta relativa indulgencia ha permitido sobre todo minimizar el costo económico y humano de un sistema demasiado represivo (1). Por ejemplo, desde julio de 2018, una ley retroactiva estipula que un día pasado en detención preventiva vale un día y medio en detención. En pocos meses se han recalculado todas las condenas y se ha liberado a casi 18.000 detenidos (2). En 2017, el poder legislativo incluso introdujo un nuevo tipo de sanción: el trabajo forzado. Puede imponerse para todos los delitos que no conlleven una pena superior a diez años. Oficialmente, los condenados no se consideran presos y cumplen sus penas en “residencias para trabajadores”. Trabajan para el sector privado durante el día, hacen sus compras por la tarde y pueden salir los fines de semana para ver a sus seres queridos. (...)

Artículo completo: 4 383 palabras.

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Charles Perragin

Periodista, colectivo Singular.

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