Las claves del texto propuesto por la Convención Constitucional

Uno de los argumentos más repetidos por quienes llaman a rechazar la nueva Constitución chilena remite a una supuesta carencia en la voluntad de acuerdos y un bajo consenso nacional en torno a este texto. Vale la pena revisar ese juicio para confrontarlo con los hechos y con criterios comparativos que permitan apreciar el enorme esfuerzo desplegado por la Convención en aras de construir unas mayorías complejas que puedan hacer del nuevo marco constitucional la herramienta fundamental para superar la crisis del sistema político, económico y social que vive el país.

Una Constitución siempre es un texto que refleja un acuerdo. La pregunta clave es qué ancho y qué profundidad tiene ese pacto. La Constitución de 1833 era expresión de la voluntad de los triunfadores de la batalla de Lircay, quienes redactaron, sobre la base del texto de 1828, un modelo presidencialista, oligarquizante y autoritario. En 1925 el pacto se construyó entre fuerzas conservadoras y liberales, presionadas por militares de rango medio, atemorizados por la irrupción de las nuevas fuerzas populares y las clases medias que comenzaban a emerger. En 1980 el acuerdo se trazó entre las tres almas de la dictadura pinochetista: el estamento militar, imbuido de la doctrina de la seguridad nacional, el estamento civil, que aportó la racionalidad neoliberal, y el estamento nacional-católico que imprimió a las nuevas instituciones constitucionales su irreformabilidad e inmutabilidad, integrando el ius naturalismo jurídico junto a mecanismos de cerrojo legal y los enclaves autoritarios más diversos.

En 2022 la redacción del preámbulo de la nueva Constitución declara explícitamente cómo se ha logrado el nuevo consenso: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”. Se trata de un pacto que parte por reconocer que el pueblo de Chile (en tanto único depositario de la soberanía) está conformado por diversas naciones que anteceden a su conformación y al Estado que les organiza políticamente. Este dato es relevante porque expresa la superación definitiva de la cultura de la negación sobre la que se conformó el proyecto de la nacionalidad chilena y del Estado como expresión resultante de esa definición.

Chile se construyó sobre la voluntad de la élite colonial de desconocer la existencia de los pueblos que han habitado este territorio desde tiempo ancestral. Esa denegación de la existencia misma de las naciones originarias no es algo extraño, sino más bien la norma a la construcción de los Estados actuales. Lo que ha resultado anómalo es la resistencia del Estado chileno a corregir y adecuarse a esta condición durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. A diferencia de países como Canadá, Nueva Zelandia, Australia, México, e incluso Estados Unidos, Chile ha permanecido en la esfera de países que no han reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes, sin cambiar una visión etnocéntrica, propia de una minoría blanca y económicamente privilegiada que analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad.

En segundo lugar, el preámbulo señala que este texto ha sido construido (...)