El destino de la nueva Constitución se dirime el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida de un proceso formal que comenzó el 15 de noviembre, como senda democrática arada por la protesta social de décadas y que alcanzó su punto más alto en octubre de 2019 con la revuelta popular. “Esto se resuelve con más democracia y no con menos”, dijeron varios de los y las protagonistas de las movilizaciones, lo que dio paso a la impronta -grabada a fuego- del proyecto constitucional que hoy está en juego: su carácter innegablemente democrático, participativo, paritario, inclusivo, pluricultural y progresivo. Se ha repetido una y otra vez: un proceso inédito en la historia de Chile, que deja atrás la exclusión de una sociedad dibujada en las desigualdades y en el autoritarismo.
La fortaleza del proyecto democrático no debería haber sufrido daños por la desinformación; sin embargo, se le hizo. La campaña por las dos opciones en juego -dos y solo dos, no hay tercera vía puesta sobre la mesa- se despliega en un contexto complejo, marcado por una enorme y apabullante contraofensiva conservadora y en medio de un complicado escenario de dificultades económicas, con vastos sectores afectados por el alza del costo de la vida derivado de factores internacionales y también locales. La inflación en aumento golpea a los que menos tienen, mientras los especuladores financieros aprovechan el momento para hacer crecer sus fortunas.
“Sebastián Piñera ocupa el lugar 1.096° en el ranking Forbes con una fortuna de US$2.800 millones. ¿Por qué hay tantas familias chilenas en el ranking Forbes, si el 50 por ciento de los trabajadores/as gana menos de $420.000 líquidos?” preguntaba la Fundación Sol en uno de sus informes de mayo-junio (1). En paralelo, la OCDE divulgó su informe sobre cargas tributarias y señaló que la estructura fiscal chilena -de entre sus 37 países miembros- destaca por ser “una de las más divergentes”. En concreto, es uno de los países con menor carga tributaria (...)
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