Millares de personas se han lanzado a las calles de todo el país a buscar el voto que permita aprobar la nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Se trata de una fuerza movilizada, compuesta mayoritariamente por jóvenes y mujeres, que lucha a diario contra una campaña “brutal” de mentiras, como la calificó la BBC de Londres. La desinformación estimulada por los grupos reaccionarios ha empujado a un segundo plano los enormes avances en derechos y fortalecimiento de la democracia que contiene el nuevo texto constitucional.
La Constitución 2022, elaborada en democracia por una Convención paritaria y representantes de pueblos originarios, solo por esos hechos es observada con interés desde el exterior. No se trata solamente de su robusto catálogo de derechos fundamentales y sociales, también se valora y reconoce la calidad y densidad de la propuesta democrática que contiene. Es una Constitución de vanguardia, moderna, que apunta hacia un futuro deseable, que se define tácitamente como feminista y ecológica.
Es un marco político-jurídico que incluye y protege a los sectores más postergados, que redistribuye el poder y, por tanto, lo democratiza. Desconcentra las decisiones hasta ahora altamente centralizadas e incorpora al ejercicio de participación a las regiones, a las naciones y pueblo originarios. “Es una Constitución indigenista” exclaman los conservadores, pero no, la propuesta es reconocer la existencia de un país diverso, en el que todos y todas tienen derechos garantizados. Es una Constitución para este siglo y que entierra aquella que se quedó anclada en la Guerra Fría, en la doctrina de la seguridad nacional, en la “democracia protegida” y que resultó ser una coraza para un modelo económico concentrador y excluyente, generador de profundas desigualdades.
La extensa campaña de rechazo a la propuesta constitucional, sin embargo, a mediados de julio -luego de entregado el texto final- (…)
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