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Tras la histórica victoria de Petro en Colombia

¿El fin del desencanto para los exmiembros de las FARC?

Asesinatos selectivos, divisiones políticas, pobreza galopante... Cinco años y medio después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los exguerrilleros se encuentran desanimados. Sin embargo, la llegada al poder de Gustavo Petro y una coalición de centroizquierda, la primera en la historia del país, ha reavivado las esperanzas.

Cambiaron sus uniformes caqui y sus legendarias botas de caucho por poleras blancas y zapatos que hacen juego. Algunos llevan estas reliquias en la mano, adornadas de flores. En Bogotá, el 7 de marzo de 2022, unos doscientos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) llegaron de todo el país para una “marcha de peregrinación por la vida y la paz”. “Tengan cuidado de no obstruir el tráfico”, grita un organizador a los y las manifestantes, mientras la procesión se abre paso sabiamente por la Séptima, la arteria principal de la capital colombiana. Los exguerrilleros se han convertido a la protesta legal y al pacifismo.

Con los brazos extendidos, agitan los retratos en blanco y negro de sus camaradas asesinados. “Manuel Antonio González Buelva. 1988-2019”. A sus treinta y un años, doce de los cuales los pasó en la guerrilla, Manuel se había convertido en chofer de mototaxi y acababa de tener una hija, cuenta el padre del fallecido, que desfila con su foto. Es un hombre de cincuenta años de rostro delgado y ornado con un bigote de espiga: él mismo entregó veintisiete años de su vida a la lucha armada y hoy representa a Comunes, el partido político de las FARC que surgió de los acuerdos de paz, en su región.

Desde la ratificación definitiva en noviembre de 2016 de los acuerdos entre las FARC y el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), fueron asesinados 320 exguerrilleros, es decir, el 2,5% de los 13.000 firmantes involucrados en el proceso de reincorporación. Al día de hoy, no se juzgó ningún caso. Ante esta ola de asesinatos, la Corte Constitucional colombiana declaró, en una medida poco habitual, el estado de cosas inconstitucional (ECI) en enero de 2022, reconociendo “la constante y masiva violación de los derechos fundamentales de esta población y la omisión de las autoridades responsables para adoptar medidas adecuadas”. Esta decisión estigmatiza el fracaso del Estado a la hora de proteger a estos excombatientes desarmados, a pesar del reclutamiento de 1.800 guardaespaldas, en su mayoría exguerrilleros formados tras la guerra, en el seno de la Unión Nacional de Protección (UNP). “La solución no es poner un guardaespaldas detrás de cada camarada. No necesitaríamos todo esto si el gobierno respetara los acuerdos: los grupos paramilitares no han sido desmantelados, la sustitución integral de los cultivos de coca no avanza…”, analiza Julio César Orjuela, alias Federico Nariño, excomandante y miembro de la delegación de negociadores de los acuerdos en Cuba, mientras la procesión de peregrinos de la paz llega a las inmediaciones de la Plaza Bolívar, bordeada por el Congreso y el Palacio de Justicia.

Más de cinco años después del fin de la guerra, la sociedad colombiana parecería estar avanzando hacia una vía progresista. El movimiento del paro nacional en 2021 se opuso a una reforma fiscal que amenazaba con profundizar la desigualdad social. En marzo de 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto. Y el pasado 26 de junio, el país eligió por primera vez en su historia a un presidente de izquierda y a una vicepresidenta afrodescendiente, Gustavo Petro y Francia Márquez, que agruparon una amplia coalición que incluye desde los comunistas hasta el centro-izquierda bajo la bandera del Pacto Histórico.

La violencia no para
Sin embargo, los cuatro años de presidencia de Iván Duque (Centro Democrático, derecha), fiel heredero de Álvaro Uribe, el anterior presidente, hostil a las negociaciones con la guerrilla, paralizaron el proceso de paz. Así, de las ciento siete leyes necesarias para implementar los acuerdos negociados en La Habana, solamente se aprobaron cinco bajo su mandato. El país sigue asolado por la violencia y los conflictos armados. El Comité Internacional de la Cruz Roja contabiliza al menos cuatro conflictos entre el ejército y los grupos no gubernamentales: las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Ejército Popular de Liberación (EPL), las disidencias de las FARC-EP y los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (1). En 2021, la ONU contabilizó 73.300 personas desplazadas y 150 víctimas de minas antipersonales (2). “La situación se ha ido deteriorando desde 2017, año en el que el conflicto alcanzó su intensidad más baja de los últimos años –afirma un historiador especialista en el conflicto, que prefiere permanecer anónimo–. El paramilitarismo es menos visible, pero se está fortaleciendo. Se dan todas las condiciones para que en poco tiempo surja un nuevo ciclo de violencia, si es que no estamos ya allí”. Ya no trataría de una lucha armada con objetivos políticos –hacer la revolución, construir el socialismo– sino que apuntaría a controlar los territorios abandonados por el Estado mediante el cobro de impuestos a las actividades que prosperan allí, especialmente el cultivo de la hoja de coca y el narcotráfico. En cuanto al regreso a la vida civil de los excombatientes, tanto desde el punto de vista político como socioeconómico, la situación es frágil y hay más fracasos que historias felices.

En Bogotá, en el barrio de Teusaquillo, Pastor Alape recibe a sus invitados en Lubianka, un bar dirigido por excombatientes con un nombre un tanto provocador, que evoca el edificio de la policía política soviética. Con su campera de jean y sus zapatillas Converse, este excomandante del Bloque Magdalena Medio, una de las 7 divisiones del ejército de las FARC, cada una de ellas compuesta por varias decenas de Frentes, fue también miembro del Secretariado, la máxima autoridad de la guerrilla. Alape es ahora delegado del partido Comunes, en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), una institución conjunta compuesta por representantes del gobierno y de las FARC. Cuatro vehículos blindados y el doble de guardias de seguridad custodian la entrada del bar, mientras arriba se abre una ronda de cerveza embotellada llamada Alap(e)az, en su honor. En los últimos años han florecido en el barrio microcervecerías y bares dirigidos por exguerrilleros. A pocas cuadras de Lubianka, Casa Alternativa sirve la Roja y la Casa de la Paz, la Trocha.

Sin embargo, no ha sido en la cerveza, sino a través del desarrollo de cooperativas agropecuarias que los negociadores de La Habana habían planeado la reincorporación económica de sus tropas, que eran principalmente de origen campesino. Los acuerdos también dieron a los exguerrilleros la oportunidad de crear sus propias pequeñas empresas. Tanto si el proyecto refería a una cooperativa como a una empresa individual, cada firmante de los acuerdos de paz tenía derecho a una subvención inicial de 8 millones de pesos (unos 2.000 dólares). “A fines de 2021 –detalla Alape–, 116 proyectos colectivos, el 80% de los cuales son agropecuarios y en los que participan 3.855 firmantes, habían sido aprobados por el CNR por un costo total de 43.500 millones de pesos, de los cuales el 27,5% procedían de fondos de cooperación internacional”. En cuanto a los proyectos individuales, la Agencia Nacional de Reincorporación (gubernamental) ha validado casi 4.000. En total, un poco más de la mitad de los exmiembros de las FARC han encontrado su lugar en el proceso.

El acceso a la tierra
Algunos proyectos emblemáticos, como las mochilas La Montaña fabricadas en Antioquia por exmiembros del Frente 36, han servido de vidriera a las autoridades del país para el proceso de paz. En una cumbre de la ONG Concordia en Nueva York, el multimillonario Warren Buffet lució unas botas amarillas diseñadas por exguerrilleros de Tierra Grata (César), regalo del presidente Duque durante una visita de negocios.

El único problema es que “ninguno de los proyectos colectivos aprobados es todavía sostenible –afirma Alape sin reparos–. En cuanto a los proyectos individuales, la situación es peor. El 90% están a punto de hundirse, según nuestra encuesta de seguimiento. Con los 8 millones se pueden comprar tres lavarropas para abrir una lavandería o unas cuantas vacas, difícilmente más que eso”. Las instituciones gubernamentales se apuraron en financiar proyectos individuales condenados a la quiebra, en detrimento de los proyectos colectivos, al tiempo que han entorpecido la capacidad de acción de Ecomun, la institución dirigida por excombatientes, que inicialmente debía gestionar el fondo de subvenciones para el financiamiento de las cooperativas.

Lejos de la capital, en los territorios, las cooperativas a duras penas se ponen en marcha, ya que las subvenciones han tardado en desbloquearse. Por no hablar de las dificultades de acceso a la tierra cultivable. “Desde que comenzó la guerra en 1964, la situación ha cambiado poco. El problema sigue siendo el mismo”, dice suspirando Erika Montero, excomandante del Frente 34 y representante de Comunes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llanogrande (Antioquia). Desde la terraza de la casa que comparte con su marido exguerrillero, Isais Trujillo, excomandante del Bloque Noroeste, se divisa este campamento enclavado en el Nudo de Paramillo. Trujillo recuerda que la reforma rural integral obtenida por las FARC preveía la regularización de siete millones de hectáreas cultivadas por campesinos sin título y la distribución (...)

Artículo completo: 4 891 palabras.

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Pierre Carles y Léa Gasquet

Respectivamente, director de cine y periodista.

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