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El comité de salvación privada

Gobernar a través de las crisis

El Estado puede confinar a su población, hacer que la policía inspeccione las bolsas de compras, cerrar las fronteras y gastar “cueste lo que cueste”, requisar máscaras y enfermeras –y luego imponer un pase sanitario– en nombre de la lucha contra la pandemia de Covid-19 en 2020. Puede nacionalizar los bancos durante la tormenta de las subprime en 2008, olvidarse de las obligaciones presupuestarias y financieras europeas durante la crisis del euro en 2012-2015, y pisotear el fetiche de la estabilidad monetaria al incitar al Banco Central Europeo (BCE) para que ponga en marcha la máquina de hacer billetes. Puede encarcelar sin juicio previo a los sospechosos de terrorismo, hacer registros sin control jurisdiccional previo, colocar vehículos blindados en los Campos Elíseos contra los “chalecos amarillos” en 2018, puede expropiar a los oligarcas (rusos, no franceses…). Puede infligir tratamientos inhumanos a los refugiados afganos o sirios en Calais y recibir a los ucranianos con los brazos abiertos. Puede prohibir a los medios pro-rusos y aceptar que se persiga a Julián Assange, quien reveló crímenes de guerra estadounidenses.

El Estado lo puede todo
¿Todo? ¡Mire usted! Desde mediados de la década de 1980 todos describen al contrario un Estado débil, desmantelado (1), sumergido, organizador de su propia impotencia. ¿No destruyó acaso sus herramientas de planificación, no dislocó administraciones eficaces (armamento, aduanas), no renunció a su política industrial al privatizar, desde 1985, alrededor de mil empresas públicas donde trabajaban más de un millón de asalariados –bancos, compañías de seguros, industria pesada, comunicación, energía, etc.– al punto de dividir por dos la participación pública en la cifra total del empleo asalariado (de 10,1% a 4,9% en 2016) (2)?

¿Acaso no abdicó su soberanía monetaria en favor del BCE, no amputó sus ingresos al bajar a la mitad las tasas impositivas a las empresas (de 50% a 25%), al reducir a un tercio la tasa marginal superior del impuesto sobre las ganancias (de 65% a 45%) entre 1985 y 2022? ¿No se rebajó al rango de garante de las leyes del mercado cuando firmó los tratados europeos que sacralizan la competencia? ¿No abandonó su política exterior autónoma, no alineó su aparato diplomático según las prioridades estadounidenses, y se reintegró dócilmente al mando militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que había abandonado el general De Gaulle en 1966? Claro que sí. Y, hasta una fecha muy reciente, los dirigentes políticos se felicitaban por ello. Pero, ¿cómo puede un Estado impotente hacer entonces tanto? ¿Qué magia le otorga el poder total cuando no tiene medio alguno?

Este modo de acción es el gobierno a través de la crisis. O más bien a través de las crisis: una sucede a la otra; cada una impone su estado de emergencia; todas convocan la intervención del oso estatal, cuya piel ya había sido vendida hace rato. Por medio de un gesto exorbitante del derecho común, el poder público estadounidense, es decir, el contribuyente, compró en 2008 unos 700.000 millones de dólares de créditos dudosos, a fin de salvar un sistema financiero en quiebra por las consecuencias de la desregulación. Entre 2009 y 2015, la misma lógica empuja a los Estados a que rompan, mediante las instituciones de la Unión Europea, las tablas de la ley económica europea: se pulverizan los criterios de Maastricht, se mutualiza la deuda pública o se hace que el banco central la refinancie, se emite moneda a tiempo completo, se hacen salvatajes de los Estados miembros amenazados con la quiebra por los mercados, se controlan los capitales en Grecia y Chipre.

Ironía del fin de la historia, a la glaciación de la Guerra Fría le siguió un capitalismo convulsivo más que la “globalización feliz” prometida por los intelectuales de corte. Una parte del planeta vivió estos treinta últimos años como una sucesión de sobresaltos: “terapia de shock” y desempleo masivo en los países del ex bloque soviético, desmoronamiento financiero en Rusia y el Sudeste Asiático en 1988, explosión de la burbuja Internet en 2000, atentados del 11 de septiembre de 2001, quiebra de Argentina ese mismo año, “gran recesión” de 2008-2009, “primaveras árabes”, crisis de la deuda europea en 2012-2015, pandemia de Covid-19, catástrofes climáticas, y eso sin hablar de las intervenciones militares occidentales en Somalia, Irak, Afganistán, Libia, etc.

Sea económica, monetaria, social, geopolítica, medioambiental o sanitaria, la crisis obliga al poder público a actuar con vigor. Incluso el Estado Federal de Alemania, con fama de indeciso, no dudó en expropiar, el pasado mes de abril, a Gazprom Germania, la filial del conglomerado ruso, y en inyectarle luego 10.000 millones de euros de dinero público; para luego conisderar sacar a flote a los operadores del gas que quedaron desestabilizados por las sanciones de los países occidentales contra Rusia. En esos instantes de peligro, el corsé reglamentario se afloja un poco. “Las reglas presupuestarias europeas quedarán en suspenso en 2023”, (...)

Artículo completo: 2 535 palabras.

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Pierre Rimbert y Grégory Rzepski

Respectivamente, redactor de Le Monde diplomatique (París) y funcionario de alto rango francés.

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