Las ataduras de la universidad pública

Entre las principales ideas que se han naturalizado sobre el funcionamiento de las universidades públicas, está aquella que sostiene que las instituciones estatales son menos eficientes para gestionar proyectos que las universidades privadas. En realidad, es una constatación que cotidianamente se expresa en el discurso de cualquier institución o profesional que debe vincularse laboralmente con las universidades públicas del país. Por lo tanto, estas entidades universitarias operan con el karma inicial de una gestión burocrática, con casi ninguna capacidad para responder en tiempos pertinentes. Esta condición inicial se refleja tanto en el diseño, instalación y evaluación de cualquier iniciativa.

Lo anteriormente descrito queda de manifiesto cuando las universidades públicas son contratadas para prestar servicios, al propio Estado o a las diferentes tipologías de instituciones privadas. Es así como, en las opiniones, declaraciones y percepciones de cualquier profesional o funcionario que ha tratado con las universidades públicas, señalará que es más fácil tratar con las universidades privadas y por añadidura se crea la convicción que las entidades privadas son más eficientes y preferibles, a la hora de solicitar cualquier tipo de servicios.

Pero, ¿qué de cierto hay en todo esto?. ¿Es posible que las universidades privadas sean intrínsecamente más eficientes para gestionar servicios a la sociedad que las públicas?. La tentación de confirmar lo anterior es grande, pero pese a los múltiples ejemplos que se pongan, no es posible confirmar que las entidades privadas sean mejores y por añadidura, preferibles.

No obstante, el marco legal y administrativo que Chile ha generado para la gobernanza y la administración de las universidades públicas, ha mutilado su capacidad de gestión. Las universidades de públicas han sido conscientemente amordazadas y enclaustradas para evitar que respondan oportunamente a las necesidades y servicios que demanda nuestra sociedad. Aunque parezca majadero volver a repetirlo, el modelo de desarrollo neoliberal que sigue operando en nuestro país, prescinde de las instituciones de educación superior públicas. Por lo tanto, pese a las innovaciones y a la creatividad con la que algunas universidades públicas intentan mejorar su desempeño, estos esfuerzos no son suficientes para defenderse de las mordazas del marco legal y jurídico neoliberal.

Pese a los discursos y a algunas acciones de apoyo, el Estado y los diferentes gobiernos de turno, no han abordado directamente la inequidad en la que se encuentran las universidades públicas. Las ataduras que limitan estructuralmente la gestión de las entidades públicas, no se resuelve con bonos o más recursos. Por lo mismo, es imperativo que el marco de la discusión por una nueva Constitución, es de vital importancia que el Estado corrija y repare el daño que (...)