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Gobiernos locales y nueva Constitución

Todo el poder a los municipios

En la mayoría de los textos, tanto académicos como políticos, las municipalidades están caracterizadas como los espacios de mayor cercanía entre la ciudadanía y el Estado para la resolución de sus problemas, o como la puerta de entrada a todos los beneficios que un Estado entrega, lo que podría hacer pensar que son considerados como espacios de real importancia para el desarrollo del país.

Sin embargo la realidad dice algo completamente distinto. A lo largo de toda la historia de Chile y especialmente bajo la Constitución de la dictadura, las municipalidades han sido consideradas con bastante desprecio y desconfianza por parte del sistema político, tanto hacia su rol como gobiernos locales y hacia la potencia que ellas poseen a la hora de intentar resolver los problemas, dolores y angustias de nuestro pueblo, limitando su rol a una especie de simples brazos del Estado central.

Incluso, desde los inicios de la República, cada vez que se ha intentado fortalecer a las municipalidades y transformarlas en verdaderos gobiernos locales, el Estado central ha reaccionado como si ello representara una amenaza a su poder por lo que ha bloqueado en más de una oportunidad los esfuerzos por profundizar la democracia movilizando poder desde las estructuras centrales a los gobiernos regionales, recién nacido y a las municipalidades.

Esto explica que hasta el día de hoy el Estado central sea el que administra casi el 80% de los recursos que maneja el Estado, y que los Gobiernos Regionales no alcancen aun el 10% quedando solo para los municipios cerca de un 12%, dependiendo de la matriz de análisis que se utilice.

Esto ha derivado en una tensión permanente entre el poder local y el Estado central ya que al carecer las municipalidades de autonomía, potestades, atribuciones y recursos suficientes para desarrollar su cometido, han terminado funcionando mucho más como la última frontera de contención social para blindar al Estado como instrumento de dominación de clases, en un modelo que legitima la desigualdad, el abuso y la injusticia como características principales de la forma en como nuestra sociedad se organiza para asegurar la desigual distribución de los bienes que produce entre la clase dominante y la clase dominada.

Son como una especie de ilusión óptica en donde los ciudadanos van a reclamar por mejor educación a pesar de que los municipios somos imples administradores de un sistema nacional en el cual no definimos ni lo que se invierte por estudiante, ni como se distribuyen los recursos que el Estado central nos entrega. Tampoco podemos planificar su uso pues como los recursos están ligados a la asistencia y esta es una variable sumamente compleja de abordar en los sectores populares, nunca sabemos con cuántos recursos contaremos al final del día, para (...)

Artículo completo: 1 427 palabras.

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Daniel Jadue

Alcalde de Recoleta.

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