Es sabido que con la instalación dictatorial del modelo socioeconómico neoliberal, realizada a partir de 1975, en el ámbito económico, y reafirmado, profundizado y protegido con la implantación de la Constitución de 1980, se producen en el país cambios profundos en todos los aspectos de la vida social.
La idea central de este modelo es organizar el conjunto de dimensiones de la vida individual y social, en torno a la racionalidad del mercado, es decir a la lógica de la oferta y la demanda, en que se trata, para cada uno, de obtener el máximo beneficio en unas relaciones de competencia mercantil, promoviendo, por tanto, el individualismo, el puro interés personal y privado, y el egoísmo como motivación de las relaciones sociales. De esta forma, los derechos sociales, inexistentes en la Constitución de 1980, se transforman en mercancías y se promueve el cambio de ciudadano a consumidor. Todas las transformaciones del Estado estuvieron destinadas, directa o indirectamente, a realizar esos fines, y a conseguir, por lo tanto, una radical despolitización de la sociedad.
Al mismo tiempo que se realizan estos cambios, se justifica el origen y la mantención de la dictadura en la “doctrina de la seguridad nacional”, que supone la existencia de un enemigo interno que, aliado a un enemigo externo ( el Comunismo) pretende destruir la esencia de la patria, y que quien cuestione o se oponga a ese orden (neoliberal) que se estaba instalando, era parte o servia a ese enemigo que había que combatir. Durante este periodo, el uso de la fuerza coercitiva del Estado, se fundaba, principalmente, en esta amenaza. Con el plebiscito de 1988, se dio inicio a la llamada transición o posdictadura, que significó una serie de cambios en el ámbito político, estableciéndose un régimen de democracia “tutelada” o “semisoberana”, que no provocó, por lo mismo, grandes cambios en el modelo económico y su lógica.
Es en el fin de la dictadura y en los inicios de la transición, en que se comienza a instalar el tema de la inseguridad ciudadana. Desde la propuesta de continuidad de la dictadura,. se transmitía la idea, coincidente con su ideología autoritaria, de “yo o el caos”, ya que la democracia, aunque fuera restringida, significaba la posibilidad de poner en duda el orden establecido y el sistema de derechos que él instituía. La democracia era el caos y el caos, la inseguridad, pues ella era débil, por definición, para proteger los derechos, frente al delito común, como al sistema total, frente al enemigo interno. Se produce así también en esta etapa, una transición del fundamento de la inseguridad, que justifica el control, agregando la amenaza del delito común. En la medida que se afianza el proceso político y se despeja la amenaza al sistema con la desaparición de la Unión Soviética, se intensifica, por parte de la derecha y los medios de comunicación, la instalación del discurso de la inseguridad ciudadana, basado en el delito común, especialmente en el delincuente joven.
Cambia el enemigo
Un rol principal en esto tuvo la fundación Paz Ciudadana, (…)
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