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Un futuro escenario constitucional (posible) para las fuerzas de orden y seguridad en Chile

Una antesala de incertidumbre

A 2017 Carabineros de Chile exhibía, como había sido habitual en años precedentes, uno de los más altos índices de aprecio, respeto y popularidad entre las instituciones y poderes públicos habitualmente evaluados en instrumentos de percepción y opinión pública que incluyen evaluación de autoridades e instituciones. De hecho, las instituciones policiales gozaban con distancia de mayor aprecio que todos los otros operadores del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público o los tribunales de Justicia.

Sin embargo, ese panorama fue paulatinamente oscureciéndose consecuencia de una serie de hechos. Por un lado, de la mano de casos de fraudes y malversaciones de fondos públicos del presupuesto institucional de Carabineros de Chile (uno de los más gigantescos delitos de esa naturaleza ocurrido en la historia del país) involucrando a un creciente número de altos y medianos oficiales, incluyendo a casi todos los últimos generales directores de la institución.

Estos casos de fraude (genéricamente denominados Pacogate) supusieron un proyectil bajo la línea de flotación del discurso institucional de ser una policía indubitadamente incorruptible y proba, y con ello se puede decir que un delicado mecanismo de convencimiento privado (intrainstitucional) y público (comunidad política y ciudadanía) comenzó a mostrar sus fallos.

Los siguientes son dos hechos que ponen en cuestión, ya no la probidad en el manejo de los recursos o la confianza hacia la institución en su estricto apego a la ley, sino ponen en tela de juicio la estricta sujeción a los principios del debido proceso, por una parte, y la proporcionalidad, legalidad y rendición de cuentas con ocasión del uso de la fuerza, por otro. Tales son los cuestionamientos detonados a raíz de los denominados casos “Huracán” y “Catrillanca”.

Innecesario resulta entrar en detalles de uno u otro caso, pero baste decir de ellos que uno se trató de manipulación de evidencia en una investigación criminal con el propósito de inculpar a una serie de líderes de organizaciones mapuche y el otro, del asesinato de un comunero mapuche en el marco de un procedimiento presentado como “robo de vehículo y ulterior persecución”, ambos casos involucraron el despliegue de esfuerzos obstruccionistas frente a las investigaciones desarrolladas.

Se multiplicaron las voces que pedían prestarle atención, no obstante haber sido alojada bajo la esfera de control e influencia del Ministerio más poderoso (Interior y Seguridad Pública), así y todo parecía no rendirle cuentas a nadie. Iniciativas dirigidas a promover cambios o una reforma integral de la institución proliferaron, pero ninguna de ellas trajo resultados sustanciales. De un modo u otro, las cosas siguieron como estaban.

Hechos acelerantes
Los eventos acaecidos en Chile desde el 18 de octubre del año 2019 en adelante, básicamente hasta principios del año siguiente, pusieron dramáticamente en evidencia lo que algunos indicios previos podrían haber ya sugerido: nuestra policía militar tenía un severo desajuste a la hora de alinear su comportamiento con el cumplimiento del deber de protección de los derechos humanos de la población a la que está llamada a proteger.

Las manifestaciones de brutalidad policial que se tradujeron en grandes cantidades de heridos, muchos de ellos lesionados severos (teniendo en cuenta el altísimo número de lesiones oculares y pérdida de visión), actos vejatorios y abusos en detenciones y hasta víctimas fatales, dieron cuenta de la distancia entre las normas, la educación y doctrina institucional y el entrenamiento y las prácticas de uso habitual en terreno. Su comportamiento fue objeto de críticas y recriminaciones dentro y fuera del país, comprometiendo a la administración de entonces y al Estado por las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de orden y seguridad Se reabrió el debate en torno a su intervención (reforma, refundación) y diversos organismos internacionales evacuaron sendos informes con recomendaciones dirigidas a corregir los problemas de los cuales ese actuar abusivo y violento parecía ser síntoma.

Un debate constitucional reorientador
Es precisamente en el contexto de los hechos que tuvieron lugar los últimos meses de 2019, puntualmente el denominado “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” del 15 de noviembre de ese año, que se abre paso a un proceso (...)

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Felipe Abbott Matus

Profesor Departamento Ciencias Penales. Director (S) Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile.

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