Hacia un modelo de justicia social

El domingo 4 de septiembre, en el mundo amaneció un hemisferio norte con olas de incendios forestales en Francia, España y Portugal, “tornados de fuego” en el estado de California (EEUU). En Pakistán las lluvias monzónicas dejan más de mil personas muertas, cinco millones de damnificados y millones de hectáreas de cultivos afectados. Ese domingo 4 de septiembre, en Chile más de 350 mil personas viven otro día sin acceso al agua potable, esperando que el camión aljibe les provea de agua para sobrevivir. Todos estos escenarios tienen el factor común del cambio climático.

Este mismo día, Chile vivía uno de los procesos más importantes de su historia, decidir la aprobación o el rechazo de una nueva Constitución que sentaba las bases para un Estado social de derechos, plurinacional y ecológico, bajo el reconocimiento de la profunda interdependencia de la persona y la naturaleza, y que se hacía cargo de la crisis climática y ambiental, por primera vez en nuestra historia.

La oportunidad histórica de canalizar por la vía constitucional las demandas y malestares surgidos en el estallido social, no exento de críticas políticas por su origen, fue un camino tomado por movimientos sociales y el pueblo para integrar la construcción de un nuevo orden político. En este camino, en conjunto con los movimientos socioambientales, como MODATIMA, plasmamos en la propuesta constitucional transformaciones estructurales al modelo privado de gestión de las aguas, la protección de la naturaleza y bienes comunes naturales. Un cambio de paradigma hacia uno solidario, ecológico y democratico, que apunta a modificar las bases del Estado extractivista.

Desprivatizar las aguas
Uno de los puntos centrales de la propuesta era la garantía del acceso al consumo y saneamiento de las aguas, como un derecho fundamental. Una demanda ligada a una necesidad esencial para la vida que se ha levantado en los territorios y que nuestra organización ha denunciado, visibilizado y luchando en los espacios políticos. La implementación de esta garantía sería canalizada por la institucionalidad para abastecer a las comunidades despojadas del agua, redistribuyendo de acuerdo a la disponibilidad efectiva de este elemento vital. Esto implicaba un modelo de participación que otorgaba oportunidades de acciones y mayor poder de decisión a las comunidades para definir el destino de las aguas en sus cuencas. Para llegar a edificar ese modelo de gestión democrática, había que derribar el principio basal de la gestión privada que tiene que ver con la naturaleza jurídica; desprivatizar las aguas.

Esta propuesta trajo preocupación en los grandes propietarios del agua, que no tardaron en salir a la defensa del modelo imperante, desplegando todo su poder económico, mediático y comunicacional, para instalar mediante mentiras, el miedo y la desinformación.

El 4 de septiembre de 2022, el pueblo de Chile votó y se manifestó claramente por una opción: rechazar la propuesta de nueva Constitución Política elaborada (...)