Inteligencia contra el crimen organizado

En el último tiempo la atención por la seguridad pública ha sido un tema recurrente en medios de comunicación, autoridades y ciudadanía. Especial preocupación genera el aumento de la criminalidad relacionada al crimen organizado, los cambios cualitativos en la perpetración de delitos, el aumento de homicidios y el mayor uso de armas de fuego.

Lo más alarmante ha sido el aumento de crímenes y delitos que lesionan la seguridad humana: secuestro, extorsión, narcotráfico, contrabando de armas, tráfico y trata de personas. Así, resulta imposible negar que el país vive actualmente una crisis de seguridad humana como consecuencia del fortalecimiento y expansión del crimen organizado en el territorio del Estado. El crimen organizado ha utilizado el fenómeno migratorio para introducir y captar activos. Al mismo tiempo, ha hecho de la migración uno de los ejes de su actividad mediante el uso y abuso de personas y familias. Trata y tráfico de personas, reclutamiento -forzado y voluntario- para el ingreso de droga, alistamiento de criminales para el sicariato, reforzamiento de activos para la comisión de delitos en los principales centros urbanos e instalación de carteles de la droga, son ejemplos de la grave precarización de la seguridad en el país heredada del gobierno anterior.

En consecuencia, el crimen organizado está usando la vulnerabilidad material de personas, el debilitamiento de nuestras fronteras y la inexperiencia de nuestras fuerzas para el combate de estos delitos, como ventajas comparativas. La derecha junto a los sectores más reaccionarios de la sociedad levanta, como una respuesta automática, la alternativa de que las Fuerzas Armadas deberían hacerse cargo de la prevención y represión del delito en aquellas regiones con mayores índices de inseguridad, bajo la figura del estado de excepción constitucional. Otro puntal usado por los sectores más conservadores es el irracional llamado a flexibilizar la tenencia de armas a los particulares como método para defenderse de las bandas criminales. La primera respuesta, el estado de excepción, está lejos de ser la solución a todos los problemas de seguridad. Más aún, para el combate al crimen organizado sería (...)