La democracia sigue

La derrota ha sido profunda. La propuesta de una nueva Constitución ha sido descartada por el 61,86 por ciento de los casi 13 millones de votantes que concurrieron a las urnas el domingo 4 de septiembre pasado. El trabajo de los 154 integrantes de la Convención Constitucional, que duró un año, volvió a fojas cero, o casi, porque pese al duro golpe que recibió de los que la rechazaron quedaron algunos puntos marcados por las fuerzas partidarias de los cambios, como la elección de la totalidad de los delegados constituyentes, la integración paritaria del organismo redactor, la participación de los pueblos originarios y las consultas a las organizaciones sociales. Ese sería el punto de partida del nuevo proceso que vivirá Chile, cuyos contornos deberán ser discutidos y elaborados en, seguramente, complejas negociaciones en el Congreso, donde las fuerzas que sustentan el gobierno de Gabriel Boric son minoría.

A diferencia de todas las constituciones anteriores que han regido en Chile, esta propuesta y la que venga tienen el sello de la democracia. No es poco, considerando que la que sigue vigente tras el referendo plebiscitario es la elaborada por la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet. Pero es un cuerpo legal que ya no tiene legitimidad alguna, ha sido repudiada desde su origen y obtuvo certificado de defunción en el plebiscito de octubre de 2020, cuando casi un 80 por ciento de votantes decidió que el país necesita una nueva Constitución. Un plebiscito que además definió que esa nueva carta magna debe ser redactada por una Convención Constitucional cuyos integrantes son elegidos por votación popular. Ese es el mandato sobre el cual comienza el nuevo proceso.

Pero la contundencia del revés sufrido por la propuesta constitucional ha sido de tal magnitud que alcanzó de lleno al gobierno de Boric que, como el propio presidente, proviene en su mayoría de las movilizaciones sociales que se tomaron las calles desde el 2006 con la “revolución (...)