Chile, la nación inacabada

El rechazo por una muy amplia mayoría de la población chilena del proyecto de Constitución (1) reconocido por sus múltiples avances hundió a los intelectuales progresistas en la melancolía. Una vez más, el pueblo los decepcionó. La consternación resulta más fuerte considerando que, desde hace algunos años, el exlaboratorio del neoliberalismo en América Latina había mutado en foco de esperanza (2).

El shock fue fuerte la mañana del 5 de septiembre de 2022 cuando las fuerzas de izquierda se enteraron de que el 62% de los votantes había rechazado un texto que rompía con el modelo neoliberal en el corazón de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y proclamaba el reconocimiento de las poblaciones indígenas. En el marco de un escrutinio obligatorio, con una tasa de participación media de más del 85%, era difícil consolarse con la idea de que las clases populares tienden a no acudir a las urnas. El pasado 4 de septiembre, cuanto más pobre, mayor fue el desplazamiento. Y mayor el rechazo al documento sometido a votación. Un estudio de la Universidad del Desarrollo de Santiago indica que el 20% de la población con menores ingresos votó en un 75% por el “Rechazo”, contra el 60% del quintil mejor acomodado, mientras que la tasa de participación fue del 87% en el primer grupo, contra el 82% para las clases superiores (3). Si bien se los creía lanzados en el camino de la transformación social, los chilenos dieron un giro inesperado. Persistencia de “la hegemonía neoliberal” (4), analiza a posteriori el filósofo Óscar Ariel Cabezas; supervivencia de un “racismo estructural” (5), aboga Elisa Loncon, lingüista mapuche (la principal comunidad indígena del país) y primera presidenta de la Convención Constituyente.

El problema de la plurinacionalidad
Una encuesta de Feedback Research realizada los días 6 y 7 de septiembre de 2022 proporciona otra interpretación del resultado del referéndum (6). “Independientemente de la manera en que usted votó el 4 de septiembre, ¿cuál es su opinión acerca de las siguientes propuestas que contenía el proyecto de nueva Constitución?”, preguntan los encuestadores. El 83% de las personas encuestadas dice estar a favor del proyecto de “educación superior gratuita”; el 81%, a favor del proyecto de “definición del agua como un bien inapropiable”; el 61%, a favor de la idea de “crear un sistema de pensión y de seguridad social gratuita”. Hemos visto “hegemonía neoliberal” más sólida. En cuanto al “racismo cultural”, concluir que existe sería hacer una lectura singular de las respuestas recibidas. Si bien el 55% de las personas rechaza “la creación de un Estado plurinacional”, el 67% dice estar a favor del “reconocimiento constitucional de los pueblos originarios”. La hostilidad entonces se habría manifestado menos hacia las poblaciones indígenas que hacia el proyecto de plurinacionalidad. Se había anticipado que una divergencia sobre un artículo podía motivar el rechazo del conjunto de un texto que comportaba 388 artículos, por lo que fue suficiente para los medios de comunicación (casi todos privados) concentrar su artillería sobre una palabra para acabar con meses de trabajo.

¿Pero qué es la plurinacionalidad? Sería “antes que nada, un proyecto político –explica #Constitucionalista, un grupo de universitarios a favor de la reforma–. Se trata del reconocimiento del hecho de que en el interior de un solo Estado coexisten diversos pueblos y naciones indígenas, que participan en la vida política en tanto colectivos que tienen el derecho de determinar sus propias prioridades de desarrollo de acuerdo con su manera de ver y comprender al mundo” (7).

En América Latina, así como en otras partes, los procesos de colonización estuvieron marcados por la violencia hacia las poblaciones indígenas. Echadas de sus tierras, exterminadas, condenadas a la servidumbre, sufrieron durante mucho tiempo –y a menudo siguen sufriendo– una marginación que dificulta su participación en la vida política, social o cultural. Desde hace varias décadas, y de manera aún más nítida desde la llegada al poder de gobiernos de izquierda a comienzos de los años 2000, los países latinoamericanos se unen al movimiento internacional de reconocimiento de las especificidades culturales de los pueblos y naciones indígenas. Si bien los ejemplos de algunos de los países más avanzados en esta área —Nueva Zelanda, Canadá, Australia...— sugieren que este proceso no implica necesariamente transformar la naturaleza del Estado, los miembros de la Convención Constituyente chilena extrajeron su inspiración de las experiencias que consideraron más ambiciosas: la de Ecuador y la de Bolivia, los dos únicos países que se declararon plurinacionales, respectivamente, en 2008 y 2009. “Se trata de ir más allá del reconocimiento y de la valorización de la diversidad –plantea un documento producido por una de las comisiones de la Convención–, para atacar las causas políticas y económicas de las desigualdades que impiden una fructífera interacción entre las culturas” (8).

A pesar de perspectivas tan entusiastas, el proceso conlleva varias (...)