¿Paz y entendimiento en el sur?

El presidente Gabriel Boric en su visita a la Araucanía abrió una ventana para abordar el histórico “conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche”, poblado por situaciones de injusticias acumuladas por décadas y cuyo nudo principal es el de la demanda de restitución de tierras.

La dimensión de este conflicto ya fue abordada por el Estado con la “Comisión nacional de Verdad histórica y Nuevo trato con los Pueblos Indígenas” (2001-2003), convocada por el presidente Ricardo Lagos luego de tomar conciencia de la dimensión del problema que heredaba por la crisis de confianza entre el Pueblo Mapuche y el Estado en el caso de la Central hidroeléctrica de Ralco (1994-1998), que fracturó la Ley Indígena 19.253 y debilitó sustancialmente la Conadi. En el libro “Ralco, ¿Represa o pobreza”?, editado por Lom en junio de 1999, se abordan todos los detalles de este conflicto cuya herida sigue latente en el pueblo mapuche.

El presidente Lagos comprendió que, para recuperar parte de las confianzas perdidas, la política indígena de Estado requería una profunda reestructuración. Los dirigentes indígenas le habían expresado la necesidad de comenzar por esclarecer la verdad histórica de diversas formas de injusticia y le pidieron constituir una comisión especial, tal como el presidente Aylwin creó una comisión presidencial para abordar el objetivo de una nueva Ley Indígena con el Pacto de Nueva Imperial de 1989.

El 18 de enero del año 2001 Lagos firmó el Decreto presidencial N°19, mediante el cual creó esta histórica comisión nacional. El mandato fue el de “informar acerca de la historia de la relación que ha existido entre los Pueblos Indígenas y el Estado y sugerir propuestas y recomendaciones para una nueva política de Estado que permita avanzar hacia una Nuevo Trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la sociedad chilena toda”.

La comisión cumplió su cometido. Tan sólo cabe señalar que cualquier política indígena, en Chile, luego de este histórico y valioso informe oficial no parte de cero. El presidente Boric lo dijo en Villarrica. Y no es menor que el informe lleva la firma oficial de tres presidentes de Chile: Ricardo Lagos, que convocó la comisión; Patricio Aylwin, que presidió todo su desarrollo y Michelle Bachelet (en su primer mandato), que publicó oficialmente el Informe, cuyo contenido total, hoy, está disponible en internet para todo público. Estamos hablando de un hecho muy relevante acontecido hace 21 años. ¿Por qué, entonces, si el Estado reconoció sus graves responsabilidades y se plantearon 120 recomendaciones institucionales, políticas, legislativas, sociales y culturales, las tensiones con el pueblo mapuche fueron escalando hasta el complejo nivel actualmente existente?

La política “subsidiaria”

Desde 1990 la relación de los gobiernos es crítica con el pueblo mapuche. Su historia, valores, organización social, cosmovisión y cultura nunca han sido suficientemente reconocidos. Los partidos y movimientos progresistas normalmente tomaron distancia de la variable étnica presente en la rica diversidad de país. Por décadas los mapuche fueron objeto de racismo severo, discriminación y marginación por parte de la sociedad y de sus instituciones. Para perseverar en sus tradiciones y valores los mapuche se refugiaron hacia el interior de sus comunidades y familias, sosteniendo por décadas la memoria de su propia historia y cultura, transmitida de generación en generación. En modo estricto, los mapuche nunca fueron considerados como un pueblo o primera nación. Tampoco como sujetos políticos. Por tanto, la conducta del Estado desde los albores de la independencia nacional tuvo un carácter marginal y a lo más se les brindó un trato como campesinos pobres.

El Estado desde sus inicios avasalló el territorio mapuche. Lo anexó por diversas vías. Desplegó una cruda campaña militar (Pacificación de la Araucanía) para expropiar las ricas tierras indígenas ancestrales. El pueblo mapuche levantó resistencia a dicha campaña durante 25 años y finalmente fue vencido en 1866. Desde entonces el Estado aplicó severas normas, decretos y leyes que fueron “legalizando” la apropiación de las tierras indígenas. Luego, dejó en manos de algunas comunidades una pequeña porción de sus (...)