Todos desiguales frente a la inflación

Durante mucho tiempo los poderes públicos protegieron a los asalariados de la inflación a través de un mecanismo de indexación de las remuneraciones. El gobierno francés estima que proceder así equivaldría hoy por hoy a tirar gasolina sobre el aumento de los precios, lo cual contradice un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI). La regla dictada por Bercy no vale, no obstante, para todos.

La inflación, imagen de Leviatán moderno para las economías occidentales, preocupa desde hace algunos meses. La pandemia de Covid-19 y luego la guerra en Ucrania provocaron un aumento de los precios que parece haber hecho desaparecer las demás preocupaciones de los banqueros centrales. Helos aquí que planean sumergir la economía mundial en una recesión de manera a contenerla. Así, el 21 de septiembre de 2022, durante una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal estadounidense (FED) Jerome Powell proclamaba: “Necesitamos un aumento del desempleo para luchar contra la inflación”.

Ante esta “plaga”, el Estado francés adopta dos actitudes diametralmente opuestas para dos tipos de población. Del lado de los asalariados, el gobierno excluye introducir mecanismos de reajuste automático. “No somos una economía administrada, ¡no es el Estado quien decide los salarios!”, justificó el presidente Emmanuel Macron durante una entrevista en France 2, el 26 de octubre de 2022. Además, una indexación de las remuneraciones equivaldría, según él, a poner la economía bajo control político, provocaría nuevos aumentos de precios, imponiendo a su vez una revalorización de los salarios: una “espiral inflacionista sin fin en la cual responsablemente rechazamos entrar, ya que perderíamos en todos los indicadores”, explica el ministro de Economía Bruno Le Maire (1).

Baño de eterna juventud

Sin embargo, el Estado administra en plazos regulares el nivel de ingresos de los inversores. Mientras que uno de los más importantes economistas del siglo XIX, el británico John Maynard Keynes, estimaba que el aumento de los precios brindaba un medio eficaz para “eutanasiar a los rentistas” – actores económicos cuyo rol parasitario denunciaba – y borrar el costo real de la deuda por la inflación, el Tesoro francés les propone el equivalente financiero del baño de la eterna juventud: las obligaciones asimilables indexadas por inflación francesa (OATI) o europea (OAT€I), productos que los inmunizan contra cualquier depreciación de sus inversiones relacionada con el aumento de los precios. Estos títulos representan cerca de un décimo del conjunto de las emisiones del Tesoro francés, un cuarto de la totalidad de emisiones en el Reino Unido (22%), 8% en Estados Unidos y menos del 5% en Alemania. Bercy anticipa que en 2022 estas OATI tendrán un costo adicional de 15 mil millones de euros para el Estado francés, debido a las constantes variaciones de los precios (2).

Es raro que dos razonamientos opuestos puedan explicarse con los mismos argumentos. La amenaza de un bucle precios-salarios – la famosa “espiral inflacionista” – que marca el ritmo de los discursos oficiales cuando se trata de indexación de los ingresos del trabajo, sin embargo desaparece en los que evocan la remuneración del capital por medio de las OATI. Y la indexación que supuestamente debería atizar el alza de los precios en el primer caso concreto es reclutada en la lucha contra el incendio en el segundo... ¿Cómo explicar que se trastoquen a ese punto los principios básicos de la lógica desde las más altas esferas del Estado?

La escala móvil de los salarios -que consiste en aumentar los salarios en función del aumento de los precios- fue introducida en Francia por una ley de 1950, seguida de otro texto en julio de 1952 que imponía la revalorización automática del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) si el índice de los precios superaba el 5%. Producto del paisaje político de la posguerra, la mecánica de la indexación supone un cálculo del índice de precios independiente del poder político y de las fuerzas sociales efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE), organización creada en la misma época. Treinta años después, el gobierno de Pierre Mauroy suprime la indexación, conforme con el deseo del ministro de Economía y Finanzas del momento, Jacques Delors. En el marco del “giro del rigor” del presidente François Mitterand, la medida deja a los trabajadores desprotegidos frente a la inflación, que supera el 11% en ese entonces. Ese trompo ideológico se (...)