Una asonada en contra de la democracia

En ocho meses los dueños de camiones de transporte han ido a paros que impactan en la economía diaria y algunas de estas manifestaciones han cortado las rutas camineras del país. La primera movilización de este año se produjo solo tres días después de asumir el nuevo gobierno y el libreto se ha repetido en otras cuatro ocasiones. La última en las postrimerías de noviembre en un contexto de dificultades económicas y con la exigencia de medidas ya presentes en la primera movilización. Esta marcó la pauta de lo que vendría, una demanda por mayor seguridad –principalmente en la zona de la Araucanía-, una baja de precios de los combustibles y control al alza del costo de la vida por la inflación.

A diferencia de marzo, este último paro ha contado con el apoyo explícito de la extrema derecha que desde el Congreso ha lanzado una ofensiva desestabilizadora compuesta de distintas variantes: paralizar el proceso constituyente luego del rechazo que tuvo la propuesta de la Convención Constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre; descabezar las comisiones parlamentarias lideradas por las fuerzas oficialistas; vetar la posibilidad que una parlamentaria comunista asumiera la presidencia de la cámara baja, obstaculizar la tramitación del Presupuesto Nacional para el año 2023, con particular fijación en las partidas destinadas a la seguridad pública y secundariamente a los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos.

El proceso constituyente, que fue la salida política a la crisis abierta por las movilizaciones sociales a partir de octubre de 2019, ha corrido riesgo de anularse. La apuesta de los sectores extremos de la derecha es la de mantener al gobierno sin iniciativa política, inmovilizado y debilitarlo. Si a partir de octubre de 2019 el país corrió el riesgo de entrar en una espiral de desestabilización política y la crisis fue sorteada por un acuerdo constitucional transversal, ahora parece no importar que se instale un escenario de crisis si eso (...)