Desmembramiento eléctrico

La crisis energética derivada de las sanciones occidentales contra Rusia no solo ha erosionado el poder adquisitivo de los europeos y debilitado al Viejo Continente. Esta pone de manifiesto con crudeza el fracaso de la liberalización del mercado eléctrico y, sobre todo, la obstinación de los distintos gobiernos en seguir esa política a toda costa.

“Da la sensación de que el mercado europeo ha agotado el modelo que se estableció hace unos veinte o veinticinco años”. El autor de estas palabras no tiene el carné del partido político Francia Insumisa (La France Insoumise) de Jean-Luc Mélenchon ni milita en las filas del combativo sindicato Sud Énergie. Jean-Bernard Lévy, presidente ejecutivo de Électricité de France (EDF) desde 2014 hasta su reciente sustitución, ha dirigido varias multinacionales que cotizan en el índice bursátil francés CAC 40 (equivalente al IBEX 35 en España): Vivendi, Thalès, etc. En su última comparecencia ante la Asamblea Nacional de Francia, el 14 de septiembre, este distinguido exalumno de la Escuela Politécnica enterró –precipitándose, probablemente– la liberalización del mercado eléctrico.

Esta destrucción dogmática de los monopolios públicos, programada ya en el Acta Única Europea de 1986 y aplicada a partir de 1996, debía traer eficiencia, innovación y precios bajos. La puso en marcha a todo tren la Comisión Europea (CE) en nombre de la santa competencia y con la complicidad de los gobiernos nacionales. Como bien predijeron los pocos analistas que han desarrollado inmunidad al sectarismo liberal, el desastre es total. En diez años, las tarifas han pasado de 120 a 190 euros por megavatio hora (1). Se trata de un alza tendencial que ha ido in crescendo desde el otoño de 2021, y más aún tras la invasión de Ucrania por el ejército ruso. “En Europa, los precios se dislocan en el mercado eléctrico”, rezaba un titular de Le Monde el 26 de agosto. Y el rotativo especificaba: “Los costos de entrega a principios de 2023 alcanzaron el viernes un máximo de casi 1100 euros por megavatio hora en Francia. Diez veces más que hace un año”. Esta escalada se ceba en los más pobres, y da testimonio de ello el director general de la agencia de alquiler social Seine-Saint-Denis Habitat, Bertrand Prade: “El aumento de las tarifas representará un incremento del 600% en los gastos comunitarios. Muchos de nosotros tendremos que elegir, antes del 31 de diciembre, si firmamos un contrato con precios desorbitados, por depender estos de los precios del mercado. Esto equivale a enviar a los organismos gestores de HLM [Habitation à loyer moderé, en Francia, viviendas de alquiler destinadas a población con bajos ingresos] a un mercado bursátil con cotizaciones disparadas, de gran volatilidad, tratándose de inquilinos especialmente vulnerables”.

Sin embargo, ninguno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (UE) cuestiona el dogma de la competencia y la CE parece regirse por unos parámetros herméticos al mundo real. Eufemísticamente, Lévy evocó “cierta negación de la realidad por parte de las autoridades comunitarias al principio de esta crisis”.

¿Por qué está empeñada la UE en favorecer a toda costa la opción competitiva? Visto lo visto, tratar la energía como una mercancía y no como un activo estratégico soberano ha llevado a Alemania, y a Europa en general, al borde del colapso y promete a 450 millones de europeos al menos un par de inviernos difíciles. Pero a los eurócratas no les importa. “La apertura de este mercado a la competencia permite mantener los precios más bajos entre las distintas tecnologías competidoras”, responde la CE, argumentando que la situación es “excepcional” debido a la guerra en Ucrania. Ante tal obcecación, viene a la memoria la canción de Paul Misraki, “Tout va très bien madame la marquise” (‘Todo va bien, señora marquesa’)…

Y como todo va bien, ni hablar de cambiar de rumbo. Pertrechado con esta convicción inquebrantable, el gobierno francés anunció el 19 de julio su intención de tomar el control del 100% de EDF por 9700 millones de euros. Adquirir el 15,9% del capital en manos de accionistas privados, sacar la empresa de la Bolsa, atiborrarla con fondos públicos para luego desguazarla y venderla: el proyecto huele tan fuertemente a la naftalina liberal de la década de 1980 –socialización de las pérdidas, privatización de los beneficios– que ha sido necesario darle un lavado de cara. Según el Ministerio de Economía, la empresa energética tendría así “capacidad para llevar a cabo de forma acelerada varios proyectos decisivos anunciados por el presidente de la República en su discurso [en la sede de la empresa General Electric Steam Power] de Belfort, en particular el programa de construcción de seis reactores [nucleares] con tecnología EPR2 de aquí a 2050”. Convertido en único propietario de la empresa, el Estado podrá financiar sus inversiones a menor costo en los mercados, gracias a la reducción de los tipos de interés. (...)