El trilema constitucional

Un trilema es una situación que impone una elección forzosa entre tres opciones, contradictorias entre sí, y que conducen a resultados distintos. Este es el tipo de disyuntiva que enfrenta el país luego del “Acuerdo por Chile”, firmado por la mayoría de las fuerzas políticas, con el objetivo de originar un nuevo proceso constituyente que permita promulgar una nueva Carta Fundamental. Este trilema se puede resumir en estas posibilidades:

1. Validar y participar en el acuerdo, legitimándolo a pesar de sus evidentes deficiencias formales, procedimentales y de fondo.

2. Rechazar el acuerdo, excluyéndose de participar en él, a riesgo de dejar que la inercia institucional conlleve la promulgación de una Constitución conservadora e involutiva.

3. Buscar formas de incidir y participar críticamente en el proceso, aunque en esa estrategia se contribuya, por acción u omisión, a alguna de las dos alternativas anteriores. Puestas las opciones sobre la mesa, analicemos cada una de ellas.

Alternativa 1: Validar acríticamente el acuerdo presupone un frío realismo político, que advierte en la facticidad del pacto un hecho objetivo que no reviste alternativas. Más aún, teniendo a la vista la correlación de fuerzas que se originó luego de la magnitud de la derrota sufrida por el Apruebo el 4 de septiembre de 2022. Bajo estos supuestos, haber arribado a este entendimiento sería en sí mismo un enorme logro, ya que mantiene abierto el momento constitucional y permite resolver el bloqueo que una parte de la derecha intenta imponer a este proceso. El acuerdo se interpreta en esta línea como una relevante conquista política en un contexto de extrema debilidad, dividiendo al adversario ya que fragmenta a la derecha entre los partidos de Chile Vamos y las otras fuerzas como Republicanos y el PdG.

Alternativa 2: Desde la segunda opción las críticas al acuerdo constitucional apuntan al incumplimiento de los mínimos democráticos esperables en un proceso de estas características, tanto en la tramitación parlamentaria del proyecto como a lo largo de todo el proceso a implementar. Desde ese punto de vista, cabe calificarlo como un retroceso democrático, en particular por el rol tutelar asignado a los denominados “expertos”, al acotamiento del debate a las doce bases ya predefinidas y al rol coercitivo del “comité de admisibilidad”. Todo ello denota excesivos “resguardos” concedidos a la derecha, una desconexión con las demandas ciudadanas y un abierto cálculo electoral. Desde esta lógica es evidente la supremacía de una convención constituyente totalmente electa, y una composición ampliamente representativa, electa para trabajar desde una hoja en blanco, mediante mecanismos que resguarden la inclusión de las más amplias diversidades sociales y la participación ciudadana en el proceso de elaboración del texto. El proceso actual, en cambio, prefigura una composición casi binominal del “Comité Constitucional”, en previsible espejo a la actual composición del Senado.

Alternativa 3: La tercera opción busca disputar la legitimidad del proceso a lo largo de éste. Desde esa estrategia se asume la inevitable necesidad de intentar una reinterpretación democrática del acuerdo, durante su tratamiento legislativo, y durante su implementación, que reponga (...)