La transición tunecina en ruinas

“Retorno de la dictadura”, “contrarrevolución”, “fin de la ‘primavera árabe’”… Los veredictos que condenan con razón la gestión autoritaria del presidente Kais Saied son abundantes en un momento en el que el país sufre una grave crisis económica. En realidad, la incipiente democracia tunecina llevaba mucho tiempo empantanándose en compromisos mercantiles y en la despolitización de la cuestión social.

El 25 de julio de 2022, el 94,6% de los 2,6 millones de votantes tunecinos (de un censo de 9,3 millones de potenciales electores) se pronunció a favor del “sí” en el referéndum sobre la nueva Constitución promovida por el presidente Kais Saied. El resultado confirmaba el apoyo al proceso iniciado un año antes por el inquilino del palacio de Cartago, que suspendía de facto la Constitución de 2014, un texto que, sin embargo, había sido ampliamente acogido, en su momento, tras más de tres años de laboriosas negociaciones en el seno de la Asamblea Constituyente elegida en octubre de 2011 (1). Pese a todo, aunque Túnez haya adoptado una nueva carta magna, el mapa político del país sigue más fragmentado que nunca: mientras que el voto a favor del “sí” ha sido masivo, la participación (28%) se ha mantenido extremadamente baja. Por su parte, todos los partidos con representación en la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP), en su mayoría contrarios al proceder del presidente, solo obtuvieron algo más de 1,7 millones de votos en las elecciones legislativas de 2019. En Túnez, la creciente brecha entre las instituciones y las aspiraciones populares continúa siendo una constante.

Saied justifica su “nueva construcción” con la necesidad de “rectificar la trayectoria revolucionaria” que, según él, había sido “confiscada” por las formaciones políticas. Así pues, el presidente tunecino ha manifestado su propósito de establecer “un verdadero régimen democrático en el que el pueblo sea efectivamente el titular de la soberanía” (2). Sin embargo, el carácter presidencialista de su proyecto ha dejado en un segundo plano la aspiración de “democracia desde abajo” que había popularizado en los años anteriores a su elección en octubre de 2019. Si bien no dispone de un partido con el que cuadrar a la sociedad tunecina, ni de una red de vigilancia clientelar, ni de ningún modo de mediar entre los clanes empresariales, que constituían la base del régimen hasta 2011, Saied no renuncia a retomar la vía autocrática, aún más dependiente de la demagogia dada su falta de control sobre los órganos del Estado (la Administración pública, Interior y Justicia).

No obstante, la “historia de éxito” de la transición democrática tunecina –frente a los giros contrarrevolucionarios que han conocido los otros países de la “primavera árabe” de 2011– no ha esperado al presidente Saied para acumular males: crisis social, parálisis económica, erosión del Estado, pérdida de legitimidad de las instituciones y descrédito moral de los partidos. Hace tiempo que el proceso de transición había provocado el desengaño de la mayoría de los tunecinos.

Libertad y justicia social

Con la secuencia insurreccional que vivió Túnez durante el invierno de 2010-2011, el relato que presentaba la democracia como la solución a los problemas del país fue convincente y despertó el entusiasmo. Incluso se pensó por un momento que sería el desencadenante de un efecto dominó que haría tambalear a los regímenes de la región, desde Marruecos hasta Siria, a semejanza de la “primavera de los pueblos” de 1848, que dio nombre a la “primavera árabe”. Ya sabemos qué vino a continuación (3). Esta lectura del levantamiento tunecino centró la atención en la dimensión constitucional del cambio, que debía responder tanto a las aspiraciones de libertad como a la demanda de justicia social. Así, cuando los jóvenes llegados de las regiones del interior del país organizaron una sentada frente a la sede del Gobierno en la capital (a finales de febrero de 2011), la respuesta que dieron los actores políticos fue la de proponer la elección de una Asamblea Constituyente. Dos expresiones darán entonces forma al proceso político: “transición democrática” y “excepción tunecina”. La primera remite a la idea de que, en cualquier parte del mundo, las experiencias precedentes han permitido el desarrollo de conocimientos que hacen posible transitar del punto A de una dictadura al punto B de una democracia consolidada. Este conocimiento lo atesoran, en particular, toda una serie de operadores –agencias internacionales, oenegés y fundaciones occidentales, así como consultores– que desembarcaron en masa en Túnez para “entrenar” a los actores políticos locales, pero también a las asociaciones surgidas tras la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí, en la aplicación de un kit de “democracia sin esfuerzo”.

La segunda expresión viene a señalar que, gracias a sus juristas reformistas y a sus autócratas más o menos ilustrados, Túnez ya era “moderno”, a diferencia de otros países árabes –como prueba: la emancipación de “la” mujer tunecina a través del código del estatuto personal (4)–. Un Túnez presto, por tanto, a importar la democracia liberal en la que el pluralismo de partidos, las elecciones libres y el Parlamento (...)