A casi un año de la instalación del gobierno de Gabriel Boric, y al contrario de lo que se vaticinaba durante la campaña presidencial, las universidades públicas siguen sin recibir apoyo ni orientaciones estratégicas que las conecten con las demandas de desarrollo del país. Al iniciar este año 2023, varias instituciones públicas de educación superior están técnicamente al borde de la quiebra financiera, mientras que las restantes se esmeran por utilizar ciertas ventajas comparativas que les permitan funcionar y al menos mantener su posición en el mercado educacional.
En consideración a las evidencias proporcionadas por este primer año de la nueva administración política, el trato del Estado hacia las universidades públicas no ha variado y en el horizonte cercano, tampoco se avizora que la situación se revierta significativamente. Por lo mismo, en este momento resulta casi impensado que las universidades del Estado se conviertan en un actor relevante para las transformaciones que la ciudadanía demandó durante el estallido social de octubre de 2019. Las universidades públicas se encuentran tan olvidadas como el “nuevo pacto social” que se esperaba tras las movilizaciones ciudadanas de hace tres años.
De la misma forma como el Estado abandonó y perdió los medios de comunicación públicos, al inicio de la transición democrática en los años noventa, el actual gobierno, pese a su retórica de nuevo trato, continúa apegado a la tradición liberal, manteniendo a sus universidades a la deriva, sujetas a las leyes del mercado y a las restricciones que les impone la gestión pública.
La transformación del trato y de las funciones que se les puede demandar a las universidades públicas, implica enfrentar al menos dos trabas. En primer lugar, una buena parte de los equipos profesionales y técnicos reclutados recientemente para integrarse a las instituciones nacionales y sectoriales del Estado, continúan operando bajo el paradigma de la ideología dominante. El sistema de creencias y valores de un alto porcentaje de las y los funcionarios del Estado, siguen apegados y tributando a los dogmas del neoliberalismo.
La naturalización ideológica del neoliberalismo en el funcionario público es la base de la profunda desconfianza en las capacidades técnicas y científicas de las Universidades Públicas. Con lo que cotidianamente deben operar las instituciones de educación superior públicas, es con el prejuicio y el estigma. Es así (…)
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