¿Es Chile una “democracia plena”? según el Índice de democracia 2022 realizado por The Economist cada año, sí. Ya que sitúa a Chile en la tercera posición dentro del grupo de las “Democracias plenas”, quedando por debajo de Uruguay y Costa Rica en el plano Latinoamericano, y en el mismo grupo que España, Francia y Suiza según se plantea en The Economist.
Cuando se revisa con mayor detalle el estudio publicado por The Economist, notamos que parte del sustento en los resultados para indicar quién tiene o no una democracia plena son las libertades civiles, las que se habían visto mermadas debido a la pandemia y que hoy, al tener un manejo más eficiente de las vacunaciones, han dado paso al fin de las restricciones en materias de movilidad. Reversionando así las medidas sanitarias a nivel global.
Es por lo anterior que es fundamental preguntarnos si realmente Chile tiene una democracia plena o perfecta, ya que no podemos tener de estándar derechos civiles como el derecho a reunión o libre tránsito para determinar el nivel de nuestra democracia. Puesto que podemos tener derecho a reunión, pero no tener elecciones pluralistas o consultas ciudadanas vinculantes a la hora de las decisiones. Y esto claramente no convierte el sistema democrático nacional en uno perfecto, muy por el contrario, llevamos años con un sistema de representatividad que no posee mecanismos soberanos de control, ya que se erige sobre la delegación de facultades en los respectivos “representantes”, quienes no tienen nada más que un programa y la confianza de sus electores para cumplir con sus promesas de campaña. Siendo que, en caso de no hacerlas efectivas, ya sea por el funcionamiento y trabas de la institucionalidad o por la tendencia a la corrupción a la que suelen estar expuestos los electos por votación popular, solo queda esperar hasta una próxima elección y cruzar los dedos para que no se repita la misma trillada historia.
Adicionalmente y si lo vemos de forma hipotética, de haberse aprobado el proyecto constitucional del 2022, para estas fechas ya tendríamos los mecanismos de democracia directa, las que podrían tenernos discutiendo y organizando propuestas para generar cambios en la legislación forestal frente a los incendios en el sur del país o podríamos estar derogando al fin, la ya olvidada, Ley de Pesca. Sin embargo, tras el rechazo, estos escenarios desaparecieron del paisaje y volvemos a estar totalmente a merced de la clase política, confiando que dejarán de lado sus intereses únicamente partidistas y abrirán paso al fin a una representación territorial y nacional que apunte al bien común.
Pero la realidad dista bastante de esto.
Baja adhesión democrática
Según datos de la CEP de noviembre-diciembre 2022, en que se toman datos desde el 2017 hasta el 2022, podemos apreciar un notable descenso en el interés de la ciudadanía sobre la democracia, llegando incluso a sostener que a la gente en general le da lo mismo entre un régimen democrático y uno autoritario. Así también, muestra que hay un grupo de personas que considera que entre el 2021 y el 2022 la democracia ha ido funcionando cada vez peor. Adicionalmente, también los índices en materia de seguridad muestran que predomina el interés por la seguridad ciudadana y el orden público, por sobre las libertades individuales y colectivas. Por último, los índices del interés social en la política nacional se han mantenido dentro de los más bajos, mostrando ser una aplastante mayoría la postura de estar “nada interesado o no muy interesado en la política”.
Con este panorama traducido en cifras, nos enfrentamos a un nuevo proceso constitucional, ya que tras la victoria del rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre las diversas fuerzas políticas con representación en el Congreso se abocaron a la tarea de generar una nueva reforma constitucional que habilitara un segundo proceso para la redacción de una carta magna. Sin embargo fueron 98 días de constantes reuniones entre estos, donde acordaron una nueva fórmula para dicha escritura, dejando atrás la relativa autonomía del órgano constituyente del 2021 2022 y pasando a un cuerpo de tres órganos, siendo dos de éstos designados por el Congreso (el Comité técnico de admisibilidad y la Comisión de expertos) y uno electo por sufragio universal y obligatorio, en que no dejaron cabida a las listas de independientes y no hay escaños reservados para los pueblos originarios, sólo escaños circunstanciales.
En resumidas cuentas, la eventual nueva constitución verá la luz solamente si el tutelaje y la limitación de forma y fondo se cumplen como estiman aquellos que vieron en peligro sus intereses con la propuesta anterior, y que hoy no se expondrán nuevamente a eso.
Las peleas chicas
Adicionalmente, tras el acuerdo (…)
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