La disyuntiva del 7 de mayo

Es evidente que las distintas corrientes de izquierda y progresistas chilenas van a concurrir fracturadas a las elecciones al consejo constitucional del próximo 7 de mayo. Este quiebre no sólo opera por la competencia entre las dos listas oficialistas que concurren separadamente en este escenario. La más fuerte y clara ruptura es la que se dará entre quienes voten por alguna de esas dos listas y los que anulen, voten en blanco o se abstengan en esta ocasión.

Parece necesario dar cuenta de esta situación porque las consecuencias políticas de esta diferencia de criterio tendrán efectos importantes, tanto en el resultado de la composición del Consejo Constitucional, como en los procesos futuros, que requieren acumular una capacidad política que pueda avanzar en las metas del período y detener a la ultraderecha que se erige en una seria amenaza.

Sin duda abundan las razones del desencanto y la frustración entre quienes apoyamos el Apruebo el 4 de septiembre de 2022. El acuerdo posterior se observa como espurio, en la línea de los consensos limitativos propios de la transición. Se acusa la falta de legitimidad social y participativa en un acuerdo parlamentario que se interpreta como una “cocina” destinada a predeterminar y condicionar todo el proceso de cambio constitucional. Desde esta perspectiva la crítica a la cita electoral del 7 de mayo es más que mera subjetividad, ya que cuenta con amplias evidencias de las carencias en estos aspectos. Pero más allá de esa indesmentible crítica desde los principios, es necesario desplegar un análisis consecuencialista, que vea un poco más allá y tenga en cuenta la responsabilidad ciudadana ante un proceso que tiene su propia facticidad jurídica. Reconociendo la validez y respetando la opción de quienes no voten por ninguna candidatura, es necesario advertir claramente lo que está en juego en esta ocasión.

Las bases constitucionales

El acuerdo parlamentario de diciembre de 2022, que permite este nuevo proceso de cambio constitucional, ha sido calificado como un suceso imprevisible e improbable. Pocos habrían pensado el 5 de septiembre que se hubiera alcanzado. La profunda derrota del Apruebo, más allá de las condiciones injustas y las manipulaciones que lo explica, parecía darle a la derecha todas las armas para cerrar sin mayor trámite esta discusión. Perfectamente se podría haber desechado continuar el debate por un camino incierto y plagado de las complejidades que ha asumido este nuevo ciclo. Algo quedó pendiente.

A la izquierda le cuesta asumir el excedente de fuerza política que supuso todo lo ocurrido desde octubre de 2019. Este impulso excedentario, que dejó en el aire la pregunta por la viabilidad de la actual Constitución, ha generado una innegable necesidad de arribar a una nueva carta constitucional y no mantener la incertidumbre en una materia clave para el funcionamiento del Estado. Si algún acuerdo transversal produjo todo lo vivido es que el actual texto constitucional ya no permite proyectar al país. Se necesita algo más que una mera reforma constitucional.

En ese marco el acuerdo de diciembre es el fruto de una necesidad impostergable. Chile necesita, si desea resolver objetivos de mayor (...)