Más derechos sindicales para condiciones laborales justas y dignas

Tras la última reforma laboral que entró en vigencia el 1 de abril de 2017, legado del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, las y los trabajadores organizados teníamos la esperanza de que el sindicalismo se fortaleciera con el propósito de un mejor bienestar para la fuerza laboral del país. También pensábamos que la tasa de sindicalización nacional aumentaría, pues el objetivo de esta reforma era equilibrar las fuerzas entre empleadores y las y los trabajadores. Sin embargo, y pese a los evidentes esfuerzos por lograr “equiparar la cancha”, el escenario no ha tenido mayores transformaciones y la tasa de sindicalización se ha mantenido en torno a un 20%.

Según los últimos datos estadísticos de la Dirección del Trabajo (DT) al año 2021, la población afiliada a algún sindicato corresponde a 1.201.404 personas de 11.870 sindicatos activos (también hay 2.356 asociaciones). Ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la población ocupada en Chile (trabajando) superaba las 8.600.000 personas.

Ante esto nos preguntamos, si se han avanzado en leyes que buscan fortalecer el sindicalismo, ¿por qué existe aún un recelo a pertenecer a ellos? Obviando las características particulares que puedan tener las organizaciones y sus dirigencias ¿será que aún no tenemos una base sólida de normativas que garanticen y protejan realmente a las y los trabajadores al momento de, por ejemplo, negociar o ejercer su derecho a huelga? Y aquí nos gustaría detenernos, porque creemos firmemente que hoy en la construcción de una Nueva Constitución para Chile, es fundamental generar esas garantías y esa seguridad para no sentirse amenazados de perder nuestros empleos cuando queremos condiciones laborales justas y dignas para todas y todos.

Cuando se nos habla de economía, del crecimiento del país o del PIB alcanzado, siempre se busca una comparación con otros países de la región y con los pertenecientes a la OCDE, sin embargo, en materia de derechos laborales y sindicales, estamos muy lejos de igualarnos a estos últimos. Si bien, ahora con la ley aprobada y promulgada hace sólo unas semanas que reduce la jornada laboral en 40 horas el país está avanzando, todavía se está haciendo a pasos muy lentos.

Existen deudas gigantescas con las y los trabajadores de Chile. El modelo constitucional de 1980 mira muy de lejos los derechos que son fundamentales para cualquier país, su productividad y desarrollo: el derecho al trabajo y la libertad sindical. En este contexto, estamos en una situación muy precaria, ya que las escuálidas normas labores desde ahí esgrimidas, tienden a favorecer los intereses de quienes las diseñaron y no de quienes debieran ser sujeto de derechos, es decir, las y los trabajadores.

Solo basta mirar el derecho a huelga, normado y condicionado a favorecer a las empresas y empleadores, haciéndola ver más como una amenaza que como un derecho de las y los trabajadores para generar mejores condiciones.

Sindicalizadas, movilizadas y unidas

En 1928, bajo el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando se instaura en el país (...)