Condenas en un 95% de los casos, prisión firme para el 60% de los casos, una pena promedio de ocho meses. El pasado 19 de julio, el ministro de Justicia de Francia hizo un primer balance de la repuesta penal a las noches de violencia por las revueltas que sacudieron a Francia al comenzar el verano, cuando seiscientas personas ya se encontraban en la cárcel. ¿Qué suerte les espera? La represión de las revueltas de 2011 en el Reino Unido permite hacerse una idea.
El abogado comienza: “Es estudiante de Ingeniería, sus exámenes son en diez días. Nunca fue condenado, está dispuesto a llevar una pulsera electrónica, a someterse a cualquier condición mientras pueda rendir sus exámenes”. Uno de sus colegas lo reemplaza cuando la Corte convoca para el caso siguiente: “Mi cliente quiso ir con sus amigos a ver qué había pasado en el negocio, quiso averiguar, como los periodistas”. En el cubículo reservado a la prensa, se mofan. “Está avergonzado. Quiere reparar el mal hecho con trabajos de ayuda a la comunidad. Trabaja en una tienda departamental, está en segundo año de la universidad, quiere seguir estudiando”. Pero el juez descarta esas solicitudes. Mantiene la detención preventiva. Uno de los dos hombres baja la cabeza, con la mirada vacía. Su madre se pasa las manos por la cara para no llorar. “Quieren dar el ejemplo –protesta el padre del otro–, condenan a todo el mundo muy severamente”.
Pareciera que la escena se vivió en un tribunal francés. Una comparecencia de revoltosos al comienzo de este verano. Pero fue en Inglaterra, hace más de diez años, exactamente en 2011: durante los juicios organizados de urgencia por –según la expresión del gobierno– los “disturbios del orden público”. El 4 de agosto, Mark Duggan, de 29 años, fue asesinado por un policía con una bala en el pecho tras la intercepción del taxi en el cual circulaba en Tottenham, en el norte de Londres. Las autoridades lo vigilaban. Tenía un arma al momento de su muerte. Sus allegados marcharon dos días después hasta la comisaría principal del vecindario. Al comenzar el evento, unos policías aporrearon a una niña de 16 años que habría lanzado una piedra. La situación degeneró. Dos vehículos de la policía ardían antes de que se propagara la violencia en el vecindario y luego, durante los días siguientes, en la periferia de la capital y en grandes ciudades inglesas, Birmingham, Liverpool, Manchester…
Inglaterra 2011, Francia 2023: las similitudes no faltan. Cuando el presidente francés denunció el 30 de junio pasado la “instrumentalización de la muerte de un adolescente [...] para intentar crear desorden y atacar nuestras instituciones” y llamó a los padres “a la responsabilidad”, cuando el ministro del Interior Gérald Darmanin indicó el 3 de julio “hay que ser firmes con los delincuentes y no ver una excusa social allí donde no la hay”, sus palabras se hacían eco de aquellas pronunciadas doce años antes por el entonces primer ministro británico. El 15 de agosto de 2011, el conservador David Cameron lamentó un “derrumbe moral”, que había generado “irresponsabilidad, egoísmo, inconsecuencia, niños sin padre, escuelas sin disciplina, recompensas sin esfuerzo, crimen sin castigo, derechos sin responsabilidades, comunidades sin control”.
A comienzos de octubre, la ministra del Interior, y futura primera ministra, Theresa May, había insistido: “Los disturbios de este verano no estaban vinculados con la pobreza o con la política. Se trataba de codicia y de criminalidad, alimentadas por una cultura de la irresponsabilidad y del asistencialismo”. Para ponerle fin, el viceprimer ministro, el liberal-demócrata Nicholas Clegg, propuso que los condenados realizaran sus trabajos comunitarios en traje naranja, sin duda para que se los considere para siempre como parias, en el seno mismo de su propio vecindario. Es una intensificación de la humillación a la cual remite la iniciativa tomada recientemente en Le Blanc- Mesnil (Seine-Saint-Denis). “Esos chicos no tienen cerebro, pagarán, las familias tendrán que pagar”, afirmó en un primer momento el alcalde del municipio, antes de colocar en toda la ciudad una cinta amarilla sobre los carteles de promoción de la efímera playa de “Beach Mesnil”: “Cancelado. Los ahorros realizados permitirán reparar los destrozos provocados por los revoltosos”.
Pobres contra pobres
“Es injusto, no son los que llevan a sus hijos al parque los que quemaron todo, todo el mundo paga por algunos culpables”, reaccionaron los habitantes, enojados tanto con el alcalde como con los revoltosos (1). A largo plazo, estos enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas del orden, y los discursos que inspiran, contribuyen a modificar la mirada sobre las clases populares, incluso en su propio seno. Britain Thinks publica desde hace muchos años investigaciones sobre la identificación con las clases sociales en el Reino (…)
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