Todos los archivos son archivos de derechos humanos

El pasado 1 de junio, en el marco de la cuenta pública y como parte de las acciones que se impulsarán por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el presidente Gabriel Boric anunció la creación de un Archivo Nacional de la Memoria. Como archiveras valoramos que finalmente los archivos sean considerados una herramienta clave para avanzar en los procesos de verdad y justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura civil-militar que comenzó hace 50 años.

Se trata de una gran señal de que tras décadas de demandas y luchas por parte de organizaciones de derechos humanos y archivistas, se contemple una política de Estado que dé visibilidad, presupuesto y respaldo institucional a los archivos como garantía de más y mejor democracia.

Sin embargo y a pesar de que todavía se desconocen los detalles vinculados al funcionamiento y a los documentos que custodiará el Archivo Nacional de la Memoria, consideramos necesario manifestar nuestra preocupación respecto a las implicancias de una iniciativa como esta, que pueden resultar contraproducentes para los fines que se persiguen y, de paso, para otras deudas que se mantienen con la falta de legislación y la precaria institucionalidad archivística actual.

Nos parece importante preguntar ¿Qué documentos resguardará este Archivo Nacional de la Memoria? ¿Cómo se establece qué documentos están vinculados (o no) con las violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo se relacionaría esta nueva institución con el Archivo Nacional? ¿Se avanza en procesos de verdad y justicia al contar con un nuevo Archivo Nacional de la Memoria? ¿Cómo ha sido la experiencia en otros países? A continuación algunas respuestas, pero sobre todo propuestas para seguir apuntando a contar con una política nacional de archivos que garantice avances democráticos y en derechos humanos.

Importancia del contexto

Para empezar, nos preguntamos si lo que se busca es que el Archivo Nacional de la Memoria pueda identificar y reunir documentos originales producidos por diferentes instituciones públicas -como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Servicio Médico Legal, entre otros- que se considere pueden contener información relevante respecto a violaciones a los derechos humanos. Esta idea, que puede parecer simple y proclive a facilitar el acceso, podría en realidad causar un gran daño. La teoría y la práctica archivística señalan que el valor de los documentos de archivo se fundamenta, entre otras cosas, en mantener su contexto de producción con la institución que les dio origen, así como la relación de esos documentos entre sí, manteniéndolos como conjunto y no como documentos aislados. De ese modo, si lo que se pretende es sacar de los diferentes (…)