Impunidad y negacionismo

Fue el exjuez Alejandro Solís quien acuñó el concepto de “impunidad biológica” para dar cuenta de la falta de justicia que se va imponiendo con la muerte de los testigos, familiares y hasta de los propios perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. Cuando el magistrado expuso esta idea hace una década había más de mil causas abiertas en los tribunales, que no incluía a la totalidad de víctimas de desaparición forzada o ejecuciones sumarias cometidas por los órganos represivos de la dictadura.

Hoy la situación no es muy distinta. El pasado 4 de agosto, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y del centro de torturas y exterminio Londres 38 hicieron pública una carta enviada al pleno de la Corte Suprema en la que exponen su “preocupación por el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos en dictadura y la urgencia de aunar esfuerzos para avanzar de manera más rápida y decidida” en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas, cuando se cumplen 50 años del golpe civil-militar que abrió un largo periodo de crímenes que, en su mayoría, están en la impunidad.

“Si bien hay ciertos avances respecto de parte de las causas (…), debemos señalar que estos avances siguen siendo parciales e insuficientes respecto a los demás procesos en tramitación: sólo el 23,2 por ciento de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada (según cifras de 2020). De 1.469 personas detenidas desaparecidas, apenas 307 han sido encontradas e identificadas”, dice la misiva al máximo tribunal chileno.

A lo largo de los años, y particularmente desde los 2000 -después del arresto del general Augusto Pinochet- la justicia intensificó la tramitación de las causas, pero sin necesariamente aportar nueva información acerca del destino final de las personas desaparecidas. Los fallos repitieron una y otra vez una fórmula: “la persona fue vista por (…)