La exigencia de Carmen Gloria Quintana para terminar con la impunidad

En estas últimas semanas han sucedido hechos que nuevamente han estremecido a nuestro país y la conciencia de la mayoría de los chilenos. En efecto, a partir de la confesión del exconscripto Fernando Guzmán, que ha ratificado la verdad que hemos sostenido Rodrigo Rojas, con decenas de testigos y yo misma por más de 29 años: fuimos quemados vivos por el Ejército chileno y que este hecho respondía a una política sistemática de violaciones a los derechos humanos dirigida hacia todo aquel que se opusiera a la dictadura cívico-militar.

Lo más grave de esta develación es que deja al descubierto que en las FFAA hasta hoy, y durante los 25 años desde el retorno a la democracia, tienen una política institucional de encubrimiento de los graves crímenes de lesa humanidad, que persigue eludir cobardemente la responsabilidad frente a los tribunales de justicia.

También en las últimas semanas murió el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, que no significa tan sólo la muerte de una de las cabezas visibles de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y de represión de la dictadura cívico-militar, sino la muerte de un hombre que encarnó la maldad y la crueldad como pocos en la historia de la humanidad. Fue él quien se hizo cargo, diseñó y ejecutó la política de exterminio de quienes se opusieron a Pinochet y a su dictadura, cumpliendo con ello el cometido que el mismo dictador le encomendó. Ambos utilizaron las FFAA y a Carabineros para satisfacer la ambición de Pinochet de perpetuarse en el poder y erradicar toda resistencia al modelo de sociedad que la Junta Militar y la derecha económica compartieron. En este aspecto, no es posible separar la dictadura del conjunto de civiles que le sirvieron, que avalaron sus abusos, que los ocultaron, que los toleraron, que los justificaron, muchos de los cuales se enriquecieron al amparo de los abusos de poder, apropiándose de las empresas que pertenecían a todos los chilenos para luego, aprovechando la falta de controles propios de la democracia, asegurar sus privilegios en los distintos espacios de los aparatos del Estado. Todos aquellos civiles que fueron cómplices de la dictadura y que hoy viven del robo de Chile, tienen manchadas sus manos con sangre de miles de compatriotas.

Recuperar el honor

Ha llegado el momento de que las FFAA, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones recuperen su honor ante la sociedad chilena, y que demuestren si nos pertenecen a todos los chilenos, o solamente a quienes colaboraron con la dictadura; que demuestren si abrigan o no la convicción del respeto irrestricto de los valores democráticos y de los derechos humanos. Nuestra sociedad enfrenta la peligrosa encrucijada de constatar si las FFAA y Carabineros, por sobre todo el Ejército de Chile, están o no sometidas al Estado de Derecho y a la autoridad civil. Hasta ahora el Ejército no ha demostrado eso, no se ha desmarcado de la dictadura, aún sigue honrando a los asesinos, protegiendo a muchos de los que mataron y torturaron. La sociedad civil ya no aguanta más, no se puede permitir que el Ejército siga en esa posición; no obstante, cabe señalar también que no es posible que la autoridad civil, que tiene las facultades para cambiar esta realidad, y ante la evidencia de las crueldades indescriptibles contra miles de chilenos, actúe en la medida de lo posible.

No más símbolos de la dictadura

El Ejército de Chile, cuya razón de ser fuera el de contribuir de manera fundamental a preservar la paz, mantener la integridad territorial y proteger a la población y sus instituciones, contrariamente se organizó para romper con la paz de millones de familias y se articuló para reprimir y matar a su propio pueblo. Y sin bastarles, acomodaron sus retiros con onerosas sumas de pensiones millonarias mientras que el 90,7% de nuestros jubilados recibe una menor a 146 mil pesos al mes. La inmoralidad y la cobardía ya son intolerables en el interior de las FFAA. Llamo a los cobardes que siguen en sus filas a asumir su responsabilidad frente a la justicia y a dejar sus cargos para que sean asumidos por soldados valientes y honorables, que sin duda, debe haber entre sus filas.

Desde mi posición de víctima de las atrocidades de la dictadura y de la maquinación del Ejército para torturar y ocultar a los torturadores y como simple ciudadana, insto a los demócratas de mi país, en especial a los que ejercen cargos públicos, a limpiar a las FFAA de los enclaves y símbolos antidemocráticos que subsisten en él. Asimismo, a identificar y encarar públicamente a los civiles que avalaron y acompañaron a la dictadura y sus atropellos.

Es tiempo de enjuiciar y marginar de la sociedad civil a aquellos que participaron y protegieron a la dictadura tales como Agustín Edwards, que también se convirtió en una vergüenza y ofensa para la prensa chilena en el mundo entero. A los ministros y altos funcionarios del régimen, los fiscales militares y jueces que prevaricando no evitaron ni investigaron la muerte, desaparición o torturas atroces de miles de compatriotas, como ocurrió en mi propio caso y el de Rodrigo, en que un fiscal y un juez militar a sabiendas alteraron el curso de la investigación. Fernando Torres Silva fue parte de la Corte Suprema que en última instancia falló solo por negligencia contra Fernández Dittus y hoy este mismo ex fiscal es condenado a 10 años de prisión sin beneficios por el crimen de Eugenio Berrios.

Por ley se debe anular todos los juicios donde él participó como juez y parte, ¡la verdad lo exige! También se debe emplazar a los civiles que se enriquecieron con las empresas de todos los chilenos, como Julio Ponce Lerou. Emplazo a que las autoridades chilenas se ocupen de hacer soberanía con los recursos de todos los chilenos; las emplazo a que generen las condiciones jurídicas y políticas para devolver a manos del Estado empresas como Soquimich y todas aquellas que (…)