Las realizaciones de la Unidad Popular

Las trasformaciones puestas en marcha por el Gobierno de la Unidad Popular son sin duda las más profundas e intensas que registra la historia de América Latina a lo largo del siglo XX. Profundas, porque buscaban instaurar un socialismo democrático utilizando la legalidad vigente –la “Vía chilena”–, e intensas porque acontecen en el corto período de algo más de mil días. Sin embargo, la magnitud de esta obra ha sido eclipsada por la brutalidad del golpe y los horrores que siguieron. Es momento de sacarla a la luz.

Apenas instalado en La Moneda, Salvador Allende indulta a unos 50 militantes detenidos o en la clandestinidad, por haber participado en “expropiaciones” a bancos o en entrenamientos militares. “Actuaron erradamente –argumenta–, pero impulsados por un anhelo superior de transformación social” y “no derramaron sangre ni de carabineros ni de empleados ni de obreros”(1). Ante la afirmación de la derecha que el indulto solo es posible después de la sentencia, el Gobierno recuerda indultos previos al fallo en los años 1940.

La paga máxima en la administración pública es limitada a 20 sueldos “vitales” (un “vital” se asemeja al mínimo actual). No se colocan los onerosos retratos del Presidente en las oficinas públicas. Es disuelto el Grupo Móvil de Carabineros encargado de reprimir manifestaciones y Carabineros recibe orden de no disparar salvo en caso de necesidad absoluta. Se modifican los planes de construcción del Metro: los trabajos de la Línea 1 se detendrán en Plaza Italia para dar prioridad a la Línea 2 (de Norte a Sur) que atiende barrios populares. El Poder Ejecutivo se instala en Valparaíso durante dos meses y el ministerio de Agricultura en Temuco, como gestos de descentralización. Y la presidencia adopta como automóvil el modesto Fiat 125, montado en Chile.

Realizaciones económicas

El diagnóstico de la izquierda en sus programas electorales de 1958, 1964 y 1970, atribuye el retraso del país a tres causas estructurales: el cobre, la gran riqueza natural, es explotado por multinacionales que dejan muy poco en el país; los anacrónicos latifundios mantienen al campesinado en la miseria y son improductivos; y muchas industrias utilizan solo una parte de su capacidad porque el mercado está reducido a la mitad del país que puede comprar, desconsiderando a la otra mitad.

La nacionalización del cobre es tan popular que es votada por la unanimidad de los parlamentarios, incluyendo la idea de deducir los “beneficios excesivos” de la indemnización a las multinacionales, una forma de compensar lo poco que recibió el país comparado con sus insólitas ganancias. Entre 1971 y 2021, las cinco minas nacionalizadas han ingresado U$115 mil millones al erario nacional (en moneda de 2020) y se espera un aporte similar los próximos 25 años, dice Codelco en su sitio web. Una suma colosal, sin la cual Chile sería un país bastante más empobrecido, que hace de la nacionalización la medida económica más importante del siglo XX para el país. Cuando se inicia la aplicación de la Reforma Agraria en 1967 –propuesta por la Democracia Cristiana y votada por la izquierda– existen en Chile 5.800 latifundios expropiables según los criterios de la ley. Bajo Frei se expropiaron 1.400 para crear “asentamientos” (cooperativas) provisorias. Durante el Gobierno de la UP se expropiaron 4.399(2). Con la desaparición del latifundio se inicia una nueva agricultura. Se reconocen también los derechos del pueblo mapuche que comienza a recuperar tierras.

A partir de 1971, los ingresos de los desfavorecidos aumentan sensiblemente. El mínimo diario pasa de E°12 a E°20 y se establece la igualdad entre mujeres y hombres. Los salarios son reajustados de 35%, conforme a la inflación. Pero los 450 mil trabajadores que viven con un salario “vital”, o con menos, son aumentados de 45%. Y los que reciben entre uno y dos vitales de 38%. La asignación familiar de los trabajadores que cotizan al SNS pasa de (…)