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Tras 18 meses de guerra la sociedad está dividida

Tiempo de dudas en Ucrania

A medida que aumenta el número de muertos en los combates en Ucrania sin que ninguno de los bandos consiga imponerse, Kiev se esfuerza por reclutar voluntarios para el frente. Ante la demanda popular de justicia, el gobierno hace alarde de su política anticorrupción, pero acelera el desmantelamiento del Estado de Bienestar y de los sindicatos. Viaje a un país en guerra, donde los mutilados contratan abogados y se invita a los desplazados a hacer sus trámites administrativos desde sus celulares.

No es la monotonía que cabría esperar. Con su teatro neoclásico, la ciudad minera de Krivói Rog conserva un encanto soviético, a la vez anticuado y cuidado. En el Parque Gagarin, a finales de agosto, unos cuantos paseantes caminan bajo un planetario de acero, helado en mano. Unos castillos inflables esperan a los niños. Más allá, los transeúntes se detienen en una vereda, negociando con las babushkas por frascos de frambuesas del jardín. Suena una sirena antiaérea, sin perturbar las tratativas. Después de más de 18 meses de combate contra el ejército ruso estacionado a 100 kilómetros de allí, detrás de la orilla izquierda del Dniéper, ya nadie mira al cielo. Sin embargo, el día anterior, un tiroteo dañó unas veinte casas individuales en un barrio cercano al centro de la ciudad. El 1° de agosto, seis civiles murieron en un ataque de misiles. El 13 de mayo, fue alcanzado un edificio de nueve pisos. El resultado de 11 muertos justificó entonces una visita del presidente Volodymir Zelenski a su ciudad natal.

Detrás de la aparente normalidad de la vida cotidiana, la ciudad sufre de lleno el impacto del conflicto. Basada en la exportación de acero y minerales, debe sus primeros altos hornos a un ingeniero y banquero francés, Paulin Talabot, que vino a invertir en lo que en 1880 aún era el imperio zarista. Hoy, el bloqueo de los puertos del Mar Negro por los que pasaba la producción obligó a las industrias locales a recurrir a vías logísticas terrestres más costosas y a reorientar sus exportaciones, que están en caída libre, hacia Europa, en detrimento de sus mercados tradicionales (Medio Oriente, Norte de África). Los cortes de electricidad, frecuentes desde que el ejército ruso comenzó a atacar las infraestructuras energéticas, también están socavando la economía. Según la dirección de Arcelor Mittal Krivói Rog (AMKR), principal empleador de la ciudad con 26.000 empleados, “la empresa solamente utiliza entre el 20% y el 25% de su capacidad de producción” (1). A fines del verano de 2023, solamente quedaban 12.000 empleados a tiempo completo, la mayoría de los cuales sufría algún tipo de despido técnico parcial o total. Cerca del 10% de la plantilla había sido llamada al servicio militar, y más de cien no han regresado del frente.

Los trabajadores de grandes concentraciones industriales como esta tienen más posibilidades de ser movilizados que el resto de la población. Como la propiska –dirección oficial en la que está empadronado un ciudadano– no siempre indica el lugar donde vive realmente la gente, “para las comisarías militares es más fácil pasar por las grandes empresas”, afirma Oleksandr Motouz, abogado especializado en derecho laboral y socio de la sección local de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU), el segundo sindicato del país. “Entregan la citación en el lugar de trabajo. Si un trabajador no cumple, la comisaría puede presionar al empresario. Esto le ocurrió a un empleado de Arcelor. En cuanto llegaba al trabajo, le preguntaban si había pasado por la comisaría. Acabó renunciando. También se han denunciado a la dirección sindical casos de autobuses de la empresa frenados a la salida de las minas.” Por otra parte, los empleadores, incluido AMKR, tienen la posibilidad de “reservar” personal profesional y directivo o puestos de trabajo escaso (hasta un límite del 50% de la plantilla), eximiéndolos así de la movilización. Su margen de maniobra tiende a reducirse debido a las crecientes necesidades del ejército.

Alistarse para la guerra

Viktor (2) recibió la citación a mediados de agosto. Capataz en AMKR, había sido “reservado” por la empresa. Según él, solamente los empleados mayores de 35 años pueden ampararse en esta excepción. “¡Tengo 33 años, por Dios! La edad de Cristo. Si paso los 34, puedo esperar vivir hasta viejo”. En el asiento trasero de su auto, el joven ya puso, todavía envueltos, el aislante, la bolsa de dormir y la mochila caqui que su sindicato le dio para ir al frente de combate.

Tras la invasión, acudió espontáneamente al centro de alistamiento. “Hice la fila durante dos días. No me aceptaron, pero me dijeron que me volverían a llamar.” Pasaron 18 meses. También el entusiasmo. “Cinco de mis amigos fueron a la guerra en 2014-2015 y todos murieron”, cuenta llorando. Ese año, Viktor se enfrentó en la Maidán (Plaza de la Independencia de Kiev) a la policía del presidente Viktor Yanukovich, derrocado el 22 de febrero. Tras el comienzo del levantamiento separatista prorruso en el Donbás, “muchos amigos se ofrecieron como voluntarios para la operación antiterrorista [lanzada por el presidente interino Oleksandr Turchinov el 7 de abril de 2014]. Se alistaron en [los batallones de voluntarios de extrema derecha] Pravyï Sektor o Azov”. Ahora es su turno. Con dos dedos inutilizados, recuerdo de una pelea, podría haber sido dado de baja. Pero el médico militar le exigió 4.000 dólares para proveerle un certificado de no aptitud. “En el negocio, solíamos hablar de la madre-corrupción. Me salvó en el pasado: pude evitar una condena. Pero me he puesto este principio: si me llaman a la guerra, voy a ir”.

Las colas frente a las oficinas de alistamiento han desaparecido. Ahora todo el mundo sabe de qué está hecho el día a día de un soldado. En las inmediaciones de las estaciones de autobuses de las ciudades medianas, ya no es raro cruzarse con soldados heridos de guerra. Las familias están en contacto permanente con el frente. Un raudal constante de imágenes llega a sus celulares, aparentemente sin demasiada censura por parte de la jerarquía. Dasha, profesora de inglés en Krivói Rog, ha perdido el sueño tras ocho días sin noticias de su hijo, de 31 años. En el video que nos muestra, su hijo filma los escombros de un edificio, bromeando sobre el escenario en el que hoy festeja su cumpleaños. Según funcionarios estadounidenses, citados por The New York Times bajo anonimato, a mediados de agosto la guerra había dejado 70.000 muertos y 130.000 heridos graves en el bando ucraniano (3).

Desmantelan derechos

Las protestas se extienden como rumores. En las redes sociales y, lo que es más sorprendente, en los tribunales. Motouz ha visto llegar a su despacho un nuevo tipo de peticiones: las de los soldados. Los problemas salariales son la causa de gran parte de los litigios. En julio de 2022, el Parlamento aprobó una ley que anula la obligación de los empleadores de mantener el salario de los trabajadores que sirven en el frente de combate. Arriesgar la vida y esforzarse en las trincheras por menos dinero del que ganaban en la retaguardia no es algo que caiga bien entre los soldados, especialmente entre los trabajadores calificados que solían ganarse bien la vida. Los sueldos de 20.000 grivnas (unos 500 euros) no siempre bastan para pagar un préstamo o una pensión alimenticia. “Los voluntarios que fueron por su cuenta a las comisarías militares se sienten estafados”, explica el abogado. “De más de un centenar de demandas por manutención de salario, defendimos gratuitamente tres casos, con la esperanza de sentar un precedente [invocando el principio de irretroactividad de la ley]. Pero a principios de agosto, un dictamen de la Corte Suprema desestimó una demanda similar.” La brecha cada vez mayor entre el frente y la retaguardia contribuye al resentimiento de los soldados, menos proclives a querer sacrificarse por su patria cuando la vida parece volver a la normalidad en la retaguardia“. Al comienzo de la guerra, la sociedad estaba muy unida, pero ahora está dividida en dos: los que tienen a alguien en el frente de combate y los que no”, lamenta Dasha. “Cuando veo a los jóvenes publicar fotos de sus vacaciones en las redes sociales, me da rabia. Mi hijo se alistó el 24 de febrero. Los chicos están agotados. El gobierno prometió una ley que autorizara la desmovilización al cabo de 18 meses, pero la seguimos esperando”.

Mientras la guerra y la supervivencia económica absorben la atención de la población, se produce un desmantelamiento silencioso de los derechos sociales. En julio de 2022, los diputados votaron un proyecto de ley que suspende los convenios colectivos de empresa y da vía libre a los empresarios para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Si el trabajador se niega, el empresario podrá despedirlo sin tener que avisar con dos meses de antelación ni obtener el acuerdo del sindicato. La Ley Nº 5.371, ratificada el 17 de agosto de 2022 por el presidente ucraniano, introduce un régimen jurídico especial para los empleados de pequeñas y medianas empresas (el 70% de la mano de obra del país). Cuando la plantilla sea inferior a 250 trabajadores, las condiciones de trabajo –desde el salario y las vacaciones hasta el horario de trabajo– se negociarán ahora de mutuo acuerdo, y el despido se autorizará sin restricciones (aparte de la obligación de pagar una indemnización de al menos la mitad del (...)

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Hélène Richard

De la redacción de Le Monde diplomatique, París.

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