Un torbellino de conflictos sin fin

Desde marzo, el M23, movimiento militar congoleño apoyado por Ruanda, acorraló Goma, la capital de Kivu del Norte. La Republica Democrática del Congo se mostró incapaz de combatir esta nueva ofensiva, a pesar de una movilización masiva de la población. Luego de 30 años de intervenciones militares extranjeras, los numerosos acuerdos de paz siguen fracasando.

Décadas de activismo diplomático y una larga serie de acuerdos nacionales y regionales no lograron poner fin a un conflicto que comenzó con la caída del presidente Joseph Désiré Mobutu en 1997, y que no dejó de ganar amplitud con el paso del tiempo. Un cuarto de siglo más tarde, la República Democrática del Congo (RDC), país gigante en el centro del continente, sigue siendo incapaz de impedir las injerencias extranjeras, encontrar la estabilidad política y poner fin al calvario de las poblaciones masacradas y violentadas del Este.

Inicialmente firmado el 24 de febrero de 2013 por once Estados –Sudáfrica, Angola, Burundi, Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Zambia; a quienes se les unieron en el 2014 Kenia y Sudán–, el Acuerdo-Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, llamado Acuerdo-Marco de Adís Abeba (Etiopía), sigue siendo la referencia política y diplomática en la zona de los Grandes Lagos africanos. Poniendo fin a lo que se ha llamado la “segunda guerra del Congo”, este tratado internacional apoyado por la Unión Africana (UA), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), apunta a construir una solución duradera a los conflictos que asolan al Este de la RDC empezando por sus causas fundamentales y exigiendo un compromiso global de todos los Estados implicados o asociados. Pero, en realidad, estas estipulaciones se imponen sobre todo a la RDC y siguen siendo de orden general, como la reforma del sector de la seguridad, la consolidación de la autoridad del Estado, la descentralización, el desarrollo económico.

El acuerdo de 2013 sigue siendo en gran medida letra muerta. Sin embargo, para garantizar su aplicación, un mecanismo de supervisión regional reúne regularmente a los jefes de Estado y de Gobierno firmantes, mientras que la RDC, por su parte, organiza el seguimiento nacional. Los cargos que pesan sobre los países agresores como Ruanda son simplemente cumplir con principios básicos del derecho internacional, como el respeto a la soberanía de los países vecinos y la no asistencia o apoyo a los grupos armados. La ONU financia la implementación del acuerdo y evalúa los progresos según una serie de criterios de desempeño. En realidad, este enfoque técnico, típico de las Naciones Unidas, enmascara los problemas políticos permanentes, en particular la falta de voluntad de los principales actores involucrados, Ruanda y la RDC. “La ausencia de un mecanismo de rendición de cuentas en caso de incumplimiento de los compromisos ha sido citada como un defecto del Acuerdo”, señala un informe de evaluación presentado en noviembre de 2023. Si bien algunos mencionaron el establecimiento de un régimen de sanciones, otros se pronunciaron a favor de un mecanismo menos restrictivo de rendición de cuentas que tenga en cuenta el carácter político y diplomático del Acuerdo Marco” (1).

El pretexto de “proteger” a los tutsis

El Acuerdo Marco permitió a la RDC contener temporalmente al M23, pero el interés en su implementación disminuyó con el tiempo. Los verdaderos puntos conflictivos no se abordaron hasta después de su firma, durante las conversaciones directas entre la RDC y el movimiento rebelde, dividido en dos alas, una con base en Kampala (capital de Uganda) y la otra en Kigali (capital de Ruanda). Una vez más, no se cumplieron los compromisos adquiridos por las dos partes, a pesar de las negociaciones llevadas a cabo en secreto y que desembocaron en la firma de una hoja de ruta el 28 de octubre de 2019 con la facción ruandesa del M23, documento finalmente dejado de lado en Kinsasa, capital congoleña. Los protagonistas en realidad ocultan sus verdaderas intenciones: derrota y marginación del M23 para la RDC, mantenimiento de su influencia en el Este del país para Ruanda.

El actual recrudecimiento del enfrentamiento armado forma parte de una acumulación de conflictos regionales, nacionales e internacionales. El deterioro de la situación en el Este de la RDC y la ausencia de instrumentos eficaces para controlarla han atraído con el tiempo a un número creciente de actores locales y extranjeros que se benefician del caos y lo mantienen. Desde hace décadas, se han ido acumulando tensiones derivadas del acaparamiento de tierras por las élites (locales, nacionales y regionales), conflictos (…)