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Participación ciudadana

Una propuesta de democracia directa

Con el regreso de la democracia en 1990, se volvió a activar la máquina política con la que se gobernó al país hasta 1973. El sistema democrático representativo, mostraba en ese momento un desgaste terminal, intervenido por una alta ideologización que no daba opciones de corrección o cambios sustantivos para asegurar la estabilidad general del país. Así, la dictadura civilmilitar gobernó Chile durante 17 años, en un permanente estado de excepción, a veces disfrazado de una legalidad y pseudodemocracia que finalmente, terminaba en las decisiones que el dictador y sus asesores más cercanos tomaban para dirigir el país.

Terminada la dictadura, con la primera elección democrática para elegir al presidente de la República en 1990, los cuadros políticos que habían sobrevivido en la clandestinidad, el exilio o en el propio país, retoman ahora, en el contexto de la legalidad, el ejercicio profesional de ¨políticos¨, para asumir la conducción del país. De este modo, la clase política comienza a tomar forma, dentro de un marco paradigmático que no difiere del anterior al golpe de estado. Una elite ejercerá las funciones de gobernar y legislar, como la mejor forma de encarnar el Estado, cuyo “objetivo superior “es llevar a todos los chilenos y chilenas a una vida más plena, ejerciendo su derecho a participar democráticamente en el desarrollo del país.

En ese contexto, se rearticulan los partidos políticos recuperando su poder y dando forma a una partitocracia en la que los ciudadanos y ciudadanas depositan su confianza para conducir los destinos del país. A poco andar, ya en el gobierno del presidente Aylwin, la aceptación y confianza de la ciudadanía respecto a los partidos políticos y a los líderes que los dirigen, comienza a caer significativamente. Se genera entonces una brecha que se va haciendo cada vez mayor entre los políticos profesionales y la ciudadanía. Definitivamente la sintonía entre gobernantes y gobernados se va perdiendo y la posibilidad de establecer un pacto social genuino, se hace más improbable.

Como en el pasado, antes de la dictadura civil-militar, las leyes emanadas del poder ejecutivo y legislativo no expresan las reales necesidades de la gente, estableciendo, además, políticas públicas que no se adecuan a la realidad que presentan las diferentes regiones del país. Nuevamente, el centralismo histórico que ha afectado a Chile se hace presente. La gobernanza impuesta desde esta democracia representativa, hace que se instale simultáneamente una pobreza cívica en la que ciudadanos y ciudadanas tienen escasa participación en la toma de decisiones regionales y de nivel país.

La clase política, constituida como una partitocracia comienza a generar una dinámica propia que se articula sobre contenidos doctrinario/ideológicos e intereses partidarios, que nada tiene que ver con las problemáticas que aquejan a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, chilenos y chilenas han observado, no sin asombro, cómo se diluyen las convicciones de los actores políticos, concentrados en una trama de negociaciones entre ellos, para mantener cuotas de poder que les permita seguir existiendo. Contradicciones brutales se expresan en todos los actores políticos, desde los presidentes de la nación hasta quienes participan en contextos locales.

Todo lo anterior ha permitido que la agenda política sea prácticamente desarrollada de manera íntegra por los políticos. Esto asegura que participen en este verdadero club del poder, aquellos individuos funcionales a los intereses de los partidos, permitiendo con ello establecer diálogos de interés entre los diferentes conglomerados partidarios, para la mantención de privilegios y la expansión de las cuotas de poder a lo largo de todo el país.

Desconfianza extendida

Ya hacia fines del gobierno de Frei Ruiz-Tagle los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a la clase gobernante caían drásticamente. La situación sólo se hizo más dramática al término de los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera. Con (…)

Artículo completo: 1 704 palabras.

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Jorge Brower Beltramin

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