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Por la existencia de políticas transversales

El rol del Estado en la cultura

“La cultura solo adquiere su verdadera dimensión y sentido, en el proceso de pleno desarrollo de una determinada sociedad, cuando es asumida como el espacio natural de la libertad , en el que se acoge la imaginación y la creatividad de cada una y cada uno de los ciudadanos y, sobre todo, se valora y se fomenta su aporte participativo en la producción de los bienes culturales materiales e inmateriales que la identifican” (1)

Claudio Di Girólamo

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Juan Harding, La cueca larga (Óleo sobre tela), 2007

¿Qué constituye propiamente “lo cultural” y por qué debe ser un ámbito de interés de la acción pública?; ¿qué aspectos de la vida concierne? ¿por qué no ha logrado penetrar el corazón político, constituyéndose en una dimensión indispensable y transversal de la gestión pública?

Siendo uno de los ejes más relevantes entre los asuntos en común, la cultura continúa siendo una esfera que no ha logrado inscribirse como irrenunciable en el “sentido común” de la acción estatal. Dos grandes flujos han marcado -en lo sustantivo- el debate acerca de la política pública en cultura desde la segunda mitad del siglo XX, ellos son: el problema del acceso a la cultura y las artes o -democratización de la cultura- y, una segunda, definida por la democracia cultural, que pone el acento en la diversidad de los bienes y prácticas culturales existentes y la necesidad de ser reconocidos y visibilizados.

Cuando en 1948 Francia inauguraba su Ministerio de Cultura -modelo ministerial por excelencia- André Malraux, primer ministro de esta cartera, declaraba un propósito que en su momento fue revolucionario. Se trataba de “hacer accesible las obras imprescindibles de la humanidad (aquellas obras del “genio humano”) al mayor número de personas (2). Esto significó la apertura de los museos y otros espacios culturales a capas de la sociedad que hasta ese momento habían estado privadas de su disfrute.

En Chile, el paradigma del acceso o “derecho a la cultura” signó principalmente el énfasis de las políticas culturales del período 1990-2010. Con ello, se buscó dar respuesta, en cierta medida, a los Informes Garretón (1991) e Ivelic (1997) y su lapidario “Chile está en deuda con la cultura”, aunque avocándose prioritariamente a reactivar la capa de los artistas y gestores. Hoy sabemos que, para asegurar ese acceso, es necesario nutrir y mantener el ecosistema completo: desde los creadores y artistas, mediadores, galeristas, coleccionistas; las bibliotecas, teatros, museos y otras infraestructuras culturales, regulando las condiciones económicas de los artistas y cultores y cautelando la efectiva participación de la ciudadanía cultural, tanto en la toma de decisiones, como en la co-creación de espacios para el despliegue de sus inquietudes o preferencias culturales.

Cultura en sentido amplio

Importante es recordar que la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, celebrada en Guadalajara, México, el año 1982, marca un punto de inflexión en la definición de lo que comprende la cultura. Señala que esta “(…) puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, (…)

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Constanza Symmes Coll

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