La justicia internacional en el caldero de Gaza

“‘Este tribunal está hecho para África y para matones como Putin’, vino a decirme de manera violenta un funcionario estadounidense”, afirma el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) (CNN, 20 de mayo de 2024). Karim Khan acababa de pedir que se dictaran órdenes de detención contra tres líderes de Hamas –Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (conocido como “Deif”) e Ismail Haniyeh–, así como contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Sin precedentes contra funcionarios de un país democrático, la petición ha sido calificada como “indignante” por el presidente estadounidense Joseph Biden, mientras que varios legisladores republicanos han amenazado al fiscal con represalias. Netanyahu, por su parte, la rechazó de plano, reafirmando que nada detendría a Israel en sus operaciones de “legítima defensa”.

Inspirada en el Tribunal de Núremberg –y en su homólogo de Tokio–, la CPI procesa a individuos, independientemente de su estatus diplomático o político, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) juzga a los Estados. La guerra desatada en Gaza tras las masacres del 7 de octubre de 2023 es objeto de dos procedimientos concomitantes pero distintos ante los dos tribunales con sede en La Haya. El caso ya sido remitido a la CIJ por Sudáfrica sobre la base de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (1), y la CIJ ya ha dictado tres ordenanzas pronunciando medidas cautelares contra Israel. El peso de la historia, la calidad de los acusados (un Estado –o sus dirigentes–, producto a su vez de un genocidio), el número de víctimas civiles y la magnitud de la destrucción infligida a Gaza están provocando fuertes tensiones internacionales, amplios movimientos populares de protesta y acaloradas disputas políticas en muchos países.

De estos hechos sin precedentes pueden extraerse tres importantes lecciones.

En el centro de la geopolítica

En primer lugar, aunque la justicia internacional ya ha estado en candelero, es la primera vez que se coloca en el centro de la arena geopolítica. Sin precedentes, el 26 de enero de 2024, la lectura del primer auto de la CIJ se transmitió en directo por televisión y se retransmitió en pantallas gigantes instaladas frente a la sede de la Corte. Confirmando la atención mediática y el interés público, la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, que acaba de jubilarse, concedió una larga entrevista a la British Broadcasting Corporation (BBC) el 27 de abril para aclarar ciertos aspectos de la sentencia. El fiscal Khan habló con la CNN el 20 de mayo para explicar las razones de su iniciativa y denunciar las amenazas que recibe.

Esta situación inaudita se debe a la negligencia de los diplomáticos y los organismos políticos de las Naciones Unidas (ONU), en primer lugar el Consejo de Seguridad, incapaces de detener los combates y encontrar una salida al conflicto. En cambio, todas las agencias técnicas de la ONU están activas sobre el terreno, prestando toda la ayuda y atención que pueden a la población: la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras. El secretario general Antonio Guterres, que suele ser más reservado, está aumentando su número de alertas y viajes. “Tratar de gestionar múltiples conflictos a través de la ayuda humanitaria, en lugar de mediante la búsqueda de soluciones políticas, no durará mucho tiempo”, advirtió el 7 de junio de 2024 en la red X el director de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.

Espectacular y ultrajante, invocar las cláusulas de la Convención de 1948 sigue siendo a veces el único medio para arrastrar a los Estados ante la justicia internacional. Algunos, como Israel, no reconocen a la CIJ, pero forman parte de los 153 países que han ratificado la Convención, cuyo artículo 9 prevé el sometimiento a la Corte de cualquier litigio relacionado con ella: mientras que Ucrania ha utilizado este artilugio jurídico para sentar a Rusia en la banca de los acusados en 2022, China, que no ha firmado la Convención, escapa a cualquier persecución por su trato a los uigures. De los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, únicamente el Reino Unido acepta sin reservas la jurisdicción de la CIJ; y de los cinco, únicamente (…)