El impacto Macaya

Una bomba de racimo es un artefacto explosivo de unos 20 kilos de peso en cuyo interior portan submuniciones más pequeñas que, al estallar, abarcan grandes superficies sin distinguir el tipo de sus víctimas. Su capacidad destructora es tal que en el año 2008 fue firmado un acuerdo internacional que prohíbe su uso porque viola el derecho humanitario. El mortal explosivo fue fabricado y exportado por Chile en los 80 por varios años. Un artefacto de este tipo parece haber caído en medio de las fuerzas de la derecha opositora.

Entre 2022 y 2023 el empresario agrícola Eduardo Macaya cometió reiterados abusos sexuales contra cuatro menores de edad. El padre del ahora expresidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y senador Javier Macaya, fue sentenciado a seis años de prisión por dos de los casos, en los otros dos fue absuelto por la imposibilidad de los querellantes de demostrar las acusaciones.

El desarrollo de las investigaciones judiciales, el proceso mismo y la connotación del personaje involucrado ha derivado en un hecho político, con defensa cerrada del senador de la UDI, la solidaridad de los partidos derechistas y con nuevas investigaciones por tráfico de influencias por el tratamiento privilegiado que ha recibido el ahora condenado por abuso sexual de parte de Gendarmería. El caso resume en poco tiempo, a ojos de la sociedad, una historia de abusos, privilegios, poder y escasa preocupación del entorno del condenado hacia las víctimas.

Eduardo Macaya, cuando su sentencia no era ejecutoriada, aún puede ejercer recursos de defensa como lo indica la ley, ingresó a prisión preventiva dictada por los tribunales, que dispuso la medida cautelar argumentando que es “peligro para la sociedad” y una amenaza para las víctimas. Ingresó a la cárcel de Rancagua, pero fue derivado a un sector aislado de la población penal, en una habitación hospitalaria con baño privado incluido. Este “privilegio” dio origen a una investigación interna en (…)