En California, las playas en plena tormenta

¿Puro descanso la vida del multimillonario? El pasado mayo, el inversor en capital de riesgo Vinod Khosla recibió al presidente Joseph Biden para apoyar su campaña electoral; el mismo día, la Corte Suprema del condado de San Mateo (California) desestimó su pedido de rechazo de una acción ante la justicia presentada contra él en 2020 por la State Lands Commission (SLC) y la California Coastal Commission (CCC). El objeto del litigio se denomina Martin’s Beach, una playa apartada, más abajo de la famosa Highway 1, entre San Francisco y Santa Cruz. Las dos agencias estatales, que sostienen que el acceso a esa playa no debería poder ser obstaculizado por un propietario privado, aun cuando posea las tierras adyacentes, se apoyan en un argumento tanto histórico como jurídico: desde hace casi un siglo, los ciudadanos habrían adquirido por el uso un derecho de paso. El proceso sigue su curso; es el sexto que enfrenta a esta figura de la Silicon Valley con los defensores de un acceso público a la playa. El caso estalló cuando los nuevos propietarios de Martin’s Beach (36 hectáreas adquiridas en el 2008 por más de 33 millones de dólares), primero anónimos, detrás de varias empresas pantalla, cerraron la única vía de acceso a la costa. Esta decisión —en la práctica, el simple cierre de una barrera que puede ser fácilmente esquivada sin vehículo— generó una viva oposición a escala tanto local como federal. Las denuncias se suceden desde hace quince años. El propio Khosla inició las hostilidades al denunciar a la CCC y al condado, que lo habían llamado al orden al exigirle que pidiera un permiso para el vallado.

Política litoral en tensión

La batalla política y judicial continúa hasta hoy, a causa del alcance del capital económico y social del que dispone Khosla, célebre allegado al expresidente Barack Obama y donante regular del Partido Demócrata. En el 2015, la revista Forbes estimaba su fortuna en 1,6 mil millones de dólares; en el 2023 superó el umbral de los 6 mil millones gracias a inversiones lucrativas en tecnologías “verdes” y en inteligencia artificial. Habiendo asumido, de buen o mal grado, el rol de malo, tiene total libertad para mostrarse intransigente en su defensa de un principio: el derecho de exclusión inherente a la propiedad privada.

Más allá de la oposición entre los derechos de acceso y de exclusión, el caso Martin’s Beach refleja la profundización de las desigualdades socioeconómicas en el Golden State. Conocido por todos los protagonistas involucrados en la planificación territorial costera, pone a prueba la política litoral californiana establecida desde hace medio siglo, es decir, desde las movilizaciones sociales que condujeron a la promulgación de la California Coastal Act en 1976, diez años antes que la ley francesa llamada “litoral”. Sin embargo, la particularidad del caso no depende solamente de cómo se desarrolla. Porque California es el Estado donde los litigios generados por el acaparamiento de las playas por las grandes fortunas son los más intensos o al menos los más visibles. Desde hace veinte años, varios famosos estuvieron en el centro de las disputas, todas ellas con el acceso del público a la costa como meta, ya que se supone que le pertenece “bajo la línea media de las mareas altas”, es decir, el límite del dominio público.

Accesible a todos

Sin dudas, la más conocida sigue siendo la que involucró al empresario David Geffen. En ese entonces, este rico y famoso productor, que en el 2002 ocupaba el puesto 87º en la lista de las personalidades más ricas del planeta confeccionada por Forbes, rechazó otorgar un derecho de paso hacia Carbon Beach, en contra del preacuerdo que había aceptado dos décadas antes a cambio del otorgamiento de un permiso de construcción. Con el apoyo de la municipalidad de Malibú, preocupada por preservar un lujoso enclave en el cual casi un hogar de cada cuatro tiene un ingreso anual de más de 200.000 dólares, inició un proceso contra las autoridades públicas y contra Access for All. Esta asociación promovía el respeto de las disposiciones legales que prevén un camino de acceso público a la costa cada 300 metros, en una zona que no tenía ninguno en una extensión de 5 kilómetros. Habiendo sido rechazada su denuncia en tres oportunidades, (…)