Situados en el contexto nacional, el diseño educativo que continúa promoviendo el Estado es el que se consolidó durante los primeros años de la Reforma de la década de los noventa. El arribo de las transiciones democráticas en la región latinoamericana implicó el declive de la pedagogía de la liberación y el esfuerzo planificado por separar la dimensión social de la educación, reduciéndola a la sala de clases y a los intramuros de los establecimientos educativos.
De la mano de las declaraciones de las instituciones internacionales, UNESCO, OCDE, OIT, FMI y Banco Mundial, los y las diseñadoras de políticas educativas legitimaron la creencia que antes de relacionar a la educación con el rol social del Estado, lo primero era fortalecer la escolarización del estudiantado. Bajo esta premisa, la educación le dio la espalda a la calle y se centró en el trabajo del aula. De esta forma, el Estado solamente se vinculaba a la educación a través de sus entidades sectoriales técnicas. En este movimiento el Estado, a través del Ministerio de Educación se convirtió en un garante de la normativa y de los programas que, con la ayuda de actores subsidiados, se concentraran en la gestión escolar.
Coincidiendo con el término de la guerra fría y con las transformaciones políticas en América Latina, las Naciones Unidas encomiendan a la UNESCO la realización de una Conferencia Mundial en que los Estados se comprometieran en una agenda de trabajo. En este escenario, prácticamente la totalidad de Estados de la ONU, se reúnen en Jomtien, Tailandia, entre el 5 al 9 de marzo de 1990, para suscribir la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje”.
Apoyados por compromisos de préstamos y de aportes financieros directos los representantes de los Estados participantes en la Conferencia, incluyendo Chile, también se comprometen a focalizar sus acciones en determinar niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en los planes de educación y aplicar sistemas mejorados de evaluación de los resultados de la educación.
Bajo este imperativo, el Estado chileno se concentra en desarrollar políticas de apoyo para poder impartir y aprovechar de manera cabal la educación con vistas al mejoramiento del individuo y por añadidura el de la sociedad. En otras palabras, invertir en las personas para mejorar la sociedad. Junto a lo anterior, el Estado debe asegurar un compromiso y una (…)
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